"El Estado paraguayo deberá identificar el territorio tradicional de los miembros de la comunidad indígena Yakye Axa y entregárselo de manera gratuita", indica parte de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado paraguayo y que dio a conocer ayer la ONG Tierraviva. La resolución internacional menciona además que el Estado deberá indemnizar por daños materiales a los miembros de la comunidad indígena y pagar por conceptos costas y gastos del juicio.

A través de la resolución el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) dictó sentencia en el caso de la denuncia por violación de los derechos a la vida presentada por las 57 familias de la comunidad indígena enxet de Yakye Axa, ubicada a 351 kilómetros de la capital sobre la ruta Pozo Colorado-Concepción. Los indígenas reivindican más de 18 mil hectáreas, parte de su territorio ancestral, que actualmente -según Tierraviva- es propiedad del empresario Osvaldo Domínguez Dibb.
La sentencia se conoció a cinco años de la presentación de la denuncia. La comunidad indígena acusó al Estado paraguayo por la violación a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la propiedad, según los artículos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

El Tribunal de Derechos Humanos resolvió por unanimidad que el Estado violó el derecho a la vida, también consagrado en la Convención, de la comunidad indígena. La sentencia menciona además que el Estado deberá crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de tierras a entregarse a los miembros de la comunidad Yakye Axa.

Asimismo, deberá suministrar los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia mientras se encuentren sin tierras e implementar un programa y un fondo de desarrollo comunitario. En otros de los puntos el Tribunal internacional sentencio que el Paraguay debe adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas.

Finalmente, la Corte IDH menciona en su sentencia que el Estado Paraguayo deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y publicar, a través de periódicos de circulación nacional y radiodifusoras, los puntos resolutivos de la sentencia.