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Molinas Maldonado, quien es máster, docente universitario, consultor y exministro de la Secretaría del Ambiente (Seam), lamentó la forma en que se concibió el decreto reglamentario de las evaluaciones de impacto ambiental, “en forma inconsulta y con errores conceptuales, con artículos contradictorios entre sí y con medidas no establecidas en la ley que se reglamenta”.
“El decreto ayuda a reglamentar una ley, pero no puede incorporar nuevas medidas que no están en la misma ley ni eliminar lo que se establece en ella. Este decreto viola la prelación de las normas”, resaltó.
La Ley de EIA cumple 20 años de vigencia, y con el apoyo clave de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) se capacitó a técnicos paraguayos y hubo varias reuniones, con diferentes sectores, para armar un consensuado anteproyecto de decreto de reglamentación, que fue firmado en 1996 (Decreto N° 14.281/96).
“Este proceso de consulta y participación previa con los sectores de la producción, la industria y el ámbito académico no se realizó con este decreto 453/13”, dijo.
Decreto deficiente
Entre las deficiencias señaladas por Molinas se cita la eliminación de la figura del cuestionario ambiental básico y la instauración del EIA preliminar. “Técnicamente, a nivel internacional, no existe esta figura y menos en la Ley; por tanto, no se puede agregar por Decreto”, resaltó.
También elimina, contra la Ley, la exigencia del certificado de localización municipal y la Declaración de interés departamental.
Con respecto a los transgénicos, explicó que el análisis de riesgo está por encima de un pedido de EIA, pues las medidas de bioseguridad son más que las mitigaciones.
“Seguro habrán tenido buenas intenciones los que trabajaron en este decreto, pero así como está es un retroceso en la consolidación de la dimensión ambiental en el país”, dijo finalmente Molinas.