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Con el propósito de investigar a fondo el caso, el rectorado de la Universidad Católica (UC) decidió intervenir la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas y cesar en sus funciones al decano Cabral.
Asimismo, designó una comisión interventora presidida por el exrector de la UC Antonio Tellechea Solís (ahora encargado del decanato) e integrada por los profesores Gabriel Benítez Colnago, Fabián Ayala Molinas y Francisco Aseretto.
Todos los nombrados son abogados.
“La medida fue dispuesta con el fin de esclarecer eventuales irregularidades documentales vinculadas con los archivos académicos, de alumnos y egresados, cuyas consecuencias podrían afectar a la comunidad educativa, y que han sido detectadas en el marco de un sumario administrativo dispuesto por el Rectorado”, refiere en una parte el comunicado a la comunidad universitaria publicado ayer en este diario por la Universidad Católica.
El rectorado ordenó también una auditoría académica documental integral de todos los estudiantes.
Preocupación general
La encargada de despacho del Rectorado de la Católica, doctora Carmen Quintana, dijo que están sorprendidos y preocupados en todos los niveles de la institución por este caso que afecta a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. Adelantó que tomarán las medidas de rigor correspondientes para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.
Aunque se menciona el nombre de un funcionario que estaría involucrado en el caso, no se descarta que sea parte de una red de corruptos.
Explicó que con la intervención y los sumarios, además de la auditoría, se irá conociendo a profundidad lo que acontece en dicha unidad académica. La investigación incluye todo el sistema informático y archivos vinculados con los estudiantes y los docentes.
Con relación al decano Cabral, la rectora encargada de despacho dijo que fue cesado para no incidir en el sumario investigativo, hasta tanto dure todo el proceso, y para que los funcionarios puedan colaborar libremente con los interventores.
Alteración de notas
Conforme con los primeros datos que se manejan, el funcionario Víctor Oviedo estaría supuestamente involucrado en la alteración de calificaciones por la suma de G. 700.000.
Dicho funcionario ya había sido separado de otras funciones por supuestas irregularidades en la elaboración de tesis, y su última ocupación era la de cargar las notas en el sistema digital de la facultad.
El decano Cabral detectó la irregularidad en el marco de un sumario, y separó al funcionario Oviedo.
Este, al ser cesado, decidió entablar una demanda judicial para lograr su reposición, lo que llevó el caso a instancias del Rectorado.
Algunas actas para corroborar las notas de los estudiantes han desaparecido o “traspapelado”, y se recurrirá a los archivos de los docentes para cruzar datos.
Tramitaciones paralizadas
Con el caso de la venta de notas detectado en la Universidad Católica, todos los trámites relacionados con certificados de estudios, entrega de títulos, procesamiento de datos e historial académico están paralizados. Esto genera preocupación en el estamento estudiantil. Se estima que los trámites seguirán una vez terminado el proceso sumarial, dentro de tres meses.