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Los contratos para el servicio tercerizado de diálisis en el Ministerio de Salud son multimillonarios. En la administración del ministro Antonio Barrios (asumió en agosto de 2013), dos son las empresas que se llevan las adjudicaciones más grandes en Central y Capital: Consorcio Renal (representado por el Dr. José Dávalos) y la firma Scarpe/Sanatorio Christian (representada por Miguel Jantus). Una tercera firma es Nefro Serv (a cargo de Walter Cabrera), aunque solo obtuvo un contrato de poco más de G. 4000 millones.
Entre 2014 y 2015, la primera empresa firmó dos contratos por G. 13.189 millones y la segunda logró contratos por G. 15.082 millones en el mismo periodo. El INN, cuya dirección fue confiada a la Dra. Susana Barreto, es la encargada de administrar la derivación de pacientes renales a los sanatorios que forman parte del Consorcio Renal, a Scarpe y Nefro Serv. En los últimos meses, más del 85% de los pacientes fue derivado a las clínicas a cargo del Consorcio Renal, a tal punto que ya se completó el contrato con dicha empresa, según funcionarios de Salud. Ahora a los enfermos renales de Gran Asunción solo les queda por usar las horas de diálisis contratadas con Scarpe y Nefro Serv, pero estas empresas no podrán atender a todos los pacientes renales que requieren el servicio.
La mala gestión en la derivación de pacientes a los centros de diálisis contratados por la cartera derivó en que el INN sea intervenido por 45 días. Obligó además a llamar a una nueva licitación por G. 6.000 millones para volver a equilibrar el servicio de diálisis y no cargar a dos centros todos los pacientes, según argumentaron en la Dirección de Contrataciones del Ministerio.
El director de Gabinete de la cartera, Abg. Jorge Brítez, indicó que como interventor del INN fue designado el nefrólogo Marcos Martínez, que estará a cargo de recorrer todas las clínicas que prestan servicio de diálisis para el Ministerio de Salud. “Esta intervención no es para beneficiar a ninguna empresa. Hay indicios de que se distribuyó mal a los pacientes y eso afectó el equilibrio de atención. Queremos saber los criterios que se usaron, pues se firmaron contratos con empresas, pero no se les enviaban pacientes”, dijo.