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La sesión se llevó a cabo el viernes último, cerca del mediodía, en una reunión semisecreta sin contar siquiera con todos los miembros del Consejo.
Estuvieron presentes los consejeros Luis Fleitas Bogarín, José Jara, Jorge Brítez y el presidente del IPS, Benigno López. No participaron, Carlos Morel y Juan Torales, también miembros del Consejo.
En la reunión, resolvieron entregar el contrato de US$ 28 millones, para el “servicio de limpieza e higienización de las distintas dependencias del IPS” a las empresas: Consorcio Limpieza (formado por Potí y Potí SA de Alberto Palumbo) y a Cevima SA (representada por Claudio Escobar Brizuela).
Lo llamativo del caso es que ambas empresas, que ya venían prestando servicios al IPS en otro contrato de cerca de US$ 20 millones, el pasado 6 de febrero fueron sumariadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), justamente por incumplimientos en los contratos con el IPS, según Resolución Nº 449/18 de la DNCP.
Aún así, los citados consejeros y el presidente del IPS otorgaron el nuevo contrato a Potí y Cevima, a “tambor batiente” y sin aguardar el resultado del sumario en cuestión, ya que, de confirmarse las irregularidades, estas empresas podrían ser inhabilitadas para contratar con el Estado.
Licitación amañada
Asimismo, hay que tener en cuenta que la actual licitación fue denunciada por presunto direccionamiento hacia las empresas adjudicadas. En efecto, una de las oferentes, Renova SA (representada por Lilian Giménez), protestó ante la DNCP por la forma en que el pliego de bases y condiciones exigía que las ofertas se hagan de manera global, es decir, juntando la limpieza de oficinas administrativas y de quirófanos todo en una sola propuesta y no dividir por lotes para dar oportunidad a otras empresas. El mismo Ministerio de Salud Pública emitió un informe técnico confirmando que podía licitarse el servicio por lotes, evidenciando así el direccionamiento de la licitación.