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“¿Quién es el inversionista que va a querer instalar un hotel de cinco estrellas o un edificio de departamentos en medio de una zona marginal, ganada por la criminalidad y la drogadicción?”.
La expresión no corresponde a ningún empresario, comerciante, ni político opositor al Gobierno. Sencillamente es la reflexión de un poblador que nació y creció en la Chacarita, Eligio Cabrera.
De acuerdo con el “Planeamiento Urbanístico” de la Franja Costera, trazado por la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, actualmente a cargo del Arq. Gonzalo Garay, las zonas que se ofrecerán como “Oportunidades de inversión privada” en la Costanera estarán ubicadas en medio de los barrios de “interés social” donde se relocalizará a los ocupantes de todo el entorno de la bahía de Asunción. La disposición de las áreas se puede apreciar en el mapa.
El desarrollo de la zona ganada a la bahía en torno a la nueva Avda. Costanera -que ha demandado hasta el momento más de 21,5 millones de dólares en obras de ingeniería civil y otros 5,5 millones para el equipamiento- corre serio riesgo de ahuyentar a los inversores antes que atraerlos debido a la ubicación de zonas de relocalización de afectados.
Prácticamente se pretende establecer una franja que aislará y encerrará a las nuevas zonas de desarrollo inmobiliario o comercial en medio de un bolsón marginal.
Cualquier persona que acude a la Costanera a pie o en automóvil se da cuenta de la gravedad de la situación y manifiesta sus críticas en torno a la ubicación del llamado “Barrio Social General Santos” en pleno empalme de la Costanera y la Avda. General Santos, una zona donde el costo del terreno se dispararía de preservarse la obra.
Los usuarios temen que una vez ocupadas las villas se conviertan en una suerte de guetos al modo de Pelopincho o San Felipe, donde actualmente ni la Policía quiere ingresar por la peligrosidad. El valor del terreno se perderá y eso será un desierto.
Relocalizaciones
Pompeya Cazal, coordinadora general del Área Social de la Municipalidad de Asunción, comisionada al MOPC, manifestó que hasta el momento unas 387 familias de los sectores San Vicente, San Pedro, Refugio Bajo, San Felipe y Gral. Santos de la zona ribereña, se acogieron al beneficio de la indemnización para ir a otro sitio. Cada familia recibió un promedio de G. 45 millones para su traslado, precisó.
En el nuevo barrio General Santos se instalarán 120 familias seleccionadas según su antigüedad en la zona donde vivían. Todas llevaban más de 20 años en el área comprendida por las calles 14 de Mayo, Nuestra Señora de la Asunción, Independencia Nacional y la costa de la Bahía.
Cazal reconoció que en el Barrio Chino aún quedan 12 familias, de las cuales con cinco se ha acordado que irán a vivienda social y otras dos esperan el desembolso respectivo de su dinero, que se daría en cualquier momento, sin especificar la razón del atraso.
En la mayoría de los casos -refirió- se realizó una indemnización asistida, que significa que prestaron asesoramiento a los indemnizados para la compra de sus respectivas nuevas viviendas: “Les verificamos el estado de la casa a ser adquirida, sus documentaciones, el pago de impuestos”.
Las familias con las que hasta ahora no se logró un acuerdo “tendrán que ir al desalojo”, indicó, por ser una obra de interés nacional.
Sobre las denuncias de que zonas despejadas nuevamente estarían siendo ocupadas por los indemnizados, afirmó que no existe ninguna posibilidad, porque hay documentos firmados. “Sin embargo, es la propia gente la que ya quiere salir del lugar, porque viven en riesgo constante, ante el avance del microtráfico de drogas principalmente”, concluyó.
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