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Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, afirmó que con esta medida –vigente desde el 1 de junio– se busca frenar los “fraudes” a la previsional y el ingreso de asegurados con enfermedades crónicas y terminales que solo quieren que se les cubra los costosos tratamientos gratuitamente.
“Estamos analizando todavía si los estudios médicos se compartirán entre la empresa y el empleado. Y que no solo lo pague el trabajador”, dijo.
Enfatizó que no es una medida restrictiva para ser asegurado. “Si una persona tiene cáncer o sida, pero si realmente trabaja, tiene todo el derecho del mundo de estar en el seguro del IPS. Solo que a veces las empresas realizan fraudes anotándole en sus planillas a gente con una enfermedad crónica y, sin embargo, ni siquiera son sus empleados”, refirió.
Aclaró que esta medida no rige con las personas que ya están trabajando en las empresas y que ya están registradas en IPS. “Esta obligatoriedad ya existía desde hace años, pero ahora ya se va a hacer cumplir la ley”, dijo. El IPS actualmente tiene 1.600.000 asegurados, detalló Halley.