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Bullers SA, CGTEC SA, NIC SACIS, Cevima, Doram SACI y Alta Finca son firmas que pertenecen al grupo empresarial CHL (iniciales de los apellidos Chamorro-Lafarja). El mismo está vinculado al diputado colorado José Chamorro. Actualmente, es presidente de varias de estas empresas el hijo del legislador, el abogado Óscar Chamorro.
Solamente en el 2012 las empresas del grupo Chamorro firmaron contratos por un monto superior a 27 millones de dólares con el Instituto de Previsión Social, al que le ofrecen todo tipo de artículos.
La vinculación entre las empresas y el grupo de Chamorro se observa en la misma web del grupo CHL, donde se enumeran varias de ellas. Como si fuera poco, en todas las actas de constitución de las empresas, que fueron conformadas bajo la figura de sociedades, aparece la firma de la misma escribana certificando los actos, la notaria pública María del Rosario Romero Servín.
Llamativamente todos los contratos, a excepción de uno, fueron adjudicados en el mes de diciembre, semanas antes de que presente renuncia el hasta ayer presidente del IPS, Fernando Silva Facetti, para candidatarse como senador por el PLRA.
Tentáculos en otras instituciones
No menos importantes son los montos con que fueron adjudicadas las empresas del grupo Chamorro en otras instituciones estatales.
También en el mes de diciembre del 2012, el consorcio Parasur-CGTEC SA obtuvo un contrato de G. 9.972 millones con el Ministerio de Educación y Cultura, para la provisión de equipos informáticos.
En marzo del mismo año CHL SRL fue adjudicada por G. 66 millones para la provisión de publicidad y propaganda.
En la Municipalidad de Luque, la empresa Alta Finca, que no figura en la web de CHL, pero que registra el mismo domicilio del grupo en el contrato con la Comuna, fue adjudicado en el 2011 por G. 29 millones para la provisión de equipos acondicionadores de aire.
En tanto que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el Consorcio Parasur CGTEC SA obtuvo un contrato por G. 349.250.000 en 2010, que posteriormente fue ampliado por otros G. 634.500.000, para la provisión de equipos informáticos.
Denuncias por explotación
Las empresas Cevima y Doram SACI tienen los contratos de mayor monto con IPS, por G. 27.000 millones y G. 60.000 millones, respectivamente. Ambas soportan denuncias por explotación laboral de centenares de empleados, que estarían percibiendo solamente la mitad de lo que las empresas declaran ante Previsión. Cuando se le consultó a Fernando Silva Facetti sobre este tema, señaló que no le corresponde al IPS investigar, sino al Ministerio de Justicia y Trabajo.