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Víctor Oviedo, el empleado de la Facultad de Derecho de la UCA sacado de su puesto a raíz del escándalo por la alteración de calificaciones en dicha institución, dijo a ABC Color que la carga de notas en el sistema informático, principalmente para la carrera de Derecho, la realizaban otros funcionarios, quienes tenían claves de acceso.
“Me han involucrado en este caso. Creo que todo fue orquestado por el decano (José María Cabral, hoy separado y cesado en sus funciones), quien acostumbra a maltratar a todos, y a mí con mayor insistencia”, indicó Oviedo. De 33 años, casado y con hijos, asegura ser inocente y dice que fue vilmente involucrado por sus compañeros, “aparentemente por temor, amenazas y amedrentados por el decano”.
Explicó que hace cuatro años ingresó a la Secretaría del Decanato para cumplir tareas de apoyo para las clases, por ejemplo activar proyectores infocus a los docentes. Paralelamente, y para ayudar a sus otros cinco compañeros de la sección, recibía las actas de los docentes y se las entregaba a los demás para la carga correspondiente de las notas.
Mencionó que uno de los funcionarios a quien normalmente entregaba las actas de los docentes es Ariel Barrios, de quien dijo que “sabe perfectamente” del comercio de las notas cambiadas, y que fue uno de los que le involucraron en el caso.
“El decano me maltrataba mucho. Denuncié esta situación en Perceptoría y en otras instancias de la facultad, y estaba gestionando mi traslado, que ya estaba a punto de salir. El decano Cabral se enteró y el maltrato aumentó”, señaló Oviedo.
Agregó que fue obligado por el decano a firmar su renuncia bajo amenaza de que sería involucrado en el tema.
Reconoció que existe la venta de calificaciones, y dijo que son varias las personas involucradas. Sus nombres, aseguró, los dará a conocer mañana a la comisión interventora, presidida por el exrector de la Universidad Católica doctor Antonio Tellechea Solís. Dijo que estará acompañado por sus abogados y que presentará documentos en su descargo.
Allí su principal argumento será que no tiene acceso a los datos informáticos de la facultad, ya que no tiene clave para ello.
También mañana se reunirá con el sindicato de funcionarios de la facultad, para explicar el caso.
Certificados de notas
La alteración de calificaciones a estudiantes y egresados de Derecho sirve, por ejemplo, a los fines de concursar para ingresar o escalar posiciones en el Poder Judicial. El negocio consiste en cambiar las notas en los certificados de estudios, sin afectar a la nota original archivada en el sistema de la carrera de Derecho de la Católica. La alteración tendría un precio de 700.000 guaraníes.
Con esta maniobra los “concursantes” llevan un certificado de estudios trucho, sin consignar exámenes extraordinarios ni de recuperación, y con notas elevadas, que mejoran sus promedios y los hacen más elegibles para los cargos a los que aspiran. Los certificados alterados también sirven para postularse a becas.
Decano está cesado
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, José María Cabral, fue cesado mientras dure la intervención de la unidad a su cargo. Algunos cuestionamientos que soporta fueron el ocultamiento del caso al Rectorado de la Universidad Católica y el haber tomado la decisión de destituir a Oviedo sin trasladar los antecedentes a la máxima instancia institucional.
Tomó decisiones por su propia cuenta en un caso que afecta a su administración. Ayer intentamos comunicarnos con el cesado decano, pero no fue posible.
¿No solo notas se venden?
No solo notas se venderían en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, también se venden lotes de la institución. Es el caso del predio de 32 hectáreas donde está el campus Santa Librada, adquirido a Óscar Soljancic, conforme con el contrato de compraventa firmado por el entonces rector Juan Óscar Usher, el 7 de agosto de 1973.
Gran parte del predio fue vendido a terceros, incluso los 10.000 metros cuadrados que por contrato corresponden a Soljancic. En el Registro de Propiedad figura el nombre del citado vendedor, quien por años vivió en Argentina. Al retornar a nuestro país se encontró con la sorpresa de que su casa fue derribada y vendida por la UC a terceros.