El título de propiedad tiene un valor relativo, cuando debería ser único

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En Paraguay, un título de propiedad es un documento de valor relativo, cuando debería ser incuestionable: basta una orden judicial para inventar fincas y padrones. De allí queda un paso para contar con un "título de propiedad". Esta maniobra puede conducir a un caos. En nuestro país, ¿qué valor real tienen los títulos de propiedad? En Paraguay, un documento que debería ser incuestionable tiene un valor relativo: basta una orden judicial para inventar fincas y padrones.   


Un oficio judicial es suficiente para imponer a la Dirección General de Catastro el mandato de inscribir propiedades que solo existen en los papeles.    

El documento se negocia con extrema facilidad, generalmente los expedientes se inician en los juzgados como derechos de herencia. Si logra inscribirse en catastro, el "título de propiedad" prácticamente se tiene en la mano.   


El director general de catastro, José Tomás "Sargento" Villarejo, es una persona honesta y su integridad se convirtió en un serio obstáculo para la corrupción que gira en torno a títulos de propiedad falsificados.   


Sin embargo, Villarejo no puede hacer nada cuando llega una resolución judicial con el mandato de inscribir una "propiedad", salvo exponer argumentos técnicos que deberían ser suficientes para rechazar tales pedidos.    

El grave problema es que, cuando llegan las órdenes judiciales, se supone que ya se pasó la etapa de verificación técnica de los títulos de propiedad; difícil aceptar que los jueces no están involucrados en negociados varias veces millonarios.   


El caso Ka’i rague  


La firma Agropecuaria Ka’i rague SA es propietaria de la finca 384, localizada en el distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay. Tiene una superficie de 9.400 hectáreas.   
El inmueble fue adquirido en el año 1974 por Massimo Coda y Marcelo Luigi Coda. La venta fue realizada por Nicolau Lunardelli, según escritura pública del 17 de mayo de 1974, realizada por la escribana Lidia Torreani de Guerrero.   

Massimo Coda compró la parte del condominio que correspondía a Marcelo Luigi Coda, pasando a ser único propietario de la finca 384, que fue transferida como aporte de capital a favor de Agropecuaria Kai rague SA, por escritura pública 166 del 23 de diciembre de 2004.   
De las 9.400 hectáreas que ocupa la finca 384, Massimo Coda destinó 1.860 hectáreas como reserva ecológica privada. El 11 de marzo de 2004, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 1977 declarando "Area silvestre protegida bajo dominio privado" la fracción de 1.860 hectáreas, con la denominación de Reserva Ka’i rague.    

Aparece un nuevo "propietario"  


El pasado 5 de febrero, un grupo de personas ingresó en la finca 384, utilizando senderos que permiten bordear el río Ypané, lindante con la propiedad. De este modo lograron evadir los controles rutinarios de acceso al establecimiento ganadero.    

¿De dónde aparecieron estas personas? Aquí viene lo interesante: el 3 de febrero, la jueza Nilse Ortiz ordenó a la Policía Nacional protección para una diligencia judicial en el distrito de San Pedro, localidad de Arroyo Blanco.   


El 5 de febrero, cruzando el río Ypané, el actuario judicial Gustavo Martínez Villamayor llegó a la finca 384, acompañado de efectivos policiales, el abogado Jorge Espínola y Juan Carlos Villalba, ex intendente de Lambaré. Todos ellos ingresaron a la propiedad privada por detrás, en el sector del área protegida.

El operativo estuvo acompañado por el agrimensor Hipólito Salinas. El actuario judicial puso en posesión del inmueble a Juan Carlos Villalba, cuya administración no dejó buenos recuerdos en Lambaré.


La inspección debió realizarse en la finca 1.506, padrón 2027, del distrito de San Pedro, pero los intervinientes ubicaron dicha fracción en la finca 384 de Capitán Bado.

Es total y absolutamente absurdo trasladar una finca de San Pedro a Capitán Bado. Esta  maniobra indica que el documento correspondiente a San Pedro es falso. Sin embargo, la jueza Nilse Ortiz ordena una comisión judicial y su actuario nombra a Juan Carlos Villalba como sujeto en posesión de una propiedad ajena.

 

¡Sorpresa! La tierra pretendida por los usurpadores tiene cuatro mil hectáreas de monte alto.

Próxima nota: Nueva intervención judicial

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