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“Hoy estamos mucho peor, frente a un censo definitivamente fallido que obligará a la DGEEC a un recuento total de la población el año próximo, aunque con 70% menos de variables (las 71 preguntas del cuestionario del 2012 se reducirán a solo 20 en el 2014), con un costo adicional en dinero de 6 millones de dólares y un posible cúmulo de dificultades para el operativo, aún imposible de dimensionar: selección de censistas (¿remunerados o carga pública?), aspectos logísticos pendientes de definición (¿será de jure o de facto?, ¿se usará tecnología electrónica en la recolección o se utilizarán cuestionarios impresos?) y, lo más grave, imprevisible reacción de la población ante nuevas visitas a sus hogares”, explica el sociólogo Hugo Oddone.
El especialista en población y desarrollo señala que la organización jurídicamente obsoleta de la DGEEC ha influido notoriamente en su relativa discapacidad para resolver cuestiones fundamentales y ha facilitado la intrusión de presiones políticas, y, más que políticas, partidarias, en el manejo institucional.