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Una parte de esta ley exime a los docentes de obligaciones y en otra parte señala que el servicio de educación es imprescindible. Ante estas contradicciones surge la pregunta de qué se entiende por educación. La Organización Internacional del Trabajo ya definió que la educación es un derecho y no un servicio. Esto tiene sentido porque un servicio puede privatizarse restringiendo el derecho a la educación de los menos favorecidos.
La negativa del Ejecutivo en hallar los recursos (sabiendo que se dilapidan miles de millones en sectores que no son imprescindibles) para dar un salario digno a los docentes es una muestra de la privatización de los derechos de los niños a acceder a una educación de calidad, y el Gobierno es culpable.