Cargando...
Nuestro país afronta un gran desafío en lo que a recibir una educación integral en sexualidad se refiere, debido a la inexistencia de políticas públicas, según Mirta Ruiz, de la Fundación Vencer.
“En materia de VIH/sida, en nuestro país hemos logrado finalizar el año 2012 con éxitos. Podemos mencionar que por medio de un trabajo conjunto entre Onusida, el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Salud y la Fundación Vencer se pudo lograr que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social firmará el decreto Nº 1495 por el cual dispone la constitución de un grupo técnico que tendrá a su cargo el análisis del proyecto de Ley Nº 3940/09 “Que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el VIH/sida”, explicó.
Consideró que esta ley es uno de los pocos logros en materia de derechos humanos en nuestro país, por lo cual hoy las personas con VIH pueden acceder a un tratamiento integral sin costo en los servicios de salud pública, puesto que dicha normativa permite que las personas puedan acceder a los beneficios con igualdad de derechos, sin discriminación y estigma. Sin embargo, estos dos puntos siguen siendo las principales barreras que hacen que no reclamen ante la Justicia, siendo violados los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, de acuerdo al Informe 2012 de DD.HH de Codehupy.
El Estado
El MSP está ofreciendo tratamiento para las personas infectadas con VIH, y el mismo significa un alto costo para el Estado.
Los recursos estatales no son suficientes para dar fondos tanto a tratamiento, a través del MSP, como a prevención, mediante las carteras de Educación y Justicia y Trabajo.
“Al no asumir el MEC la educación integral de la sexualidad para prevenir el VIH, y el MJT no adopta medidas para evitar el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH en el lugar de trabajo, lo mismo que para el tratamiento eficaz y eficiente a las personas privadas de su libertad, ambas carteras de Estado están violando la Ley Nº 3940/09 que las obliga a implementar políticas públicas relacionadas al VIH/sida juntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, culmina Mirta Ruiz.