Cargando...
La profesora María Victoria Villalba, representante de la Federación de Educadores del Paraguay, está ayudando a un centenar de docentes indígenas que hace años son víctimas de la usura y la estafa por parte de varias casas comerciales.
Villalba explica que los vendedores de las casas comerciales llegan hasta el domicilio de cada docente y ya bajan todos sus productos ofreciéndoles “combos”. “Por ejemplo, tengo un caso de un docente que por la compra de una frazada le ofrecieron de regalo un champión, un termo y una remera; sin embargo, luego hacen figurar como comprados todos esos productos que supuestamente regalaron. Este docente desde el 2010 está pagando por esa frazada. Dos veces al año le embargan su salario, desde el 2010, porque había firmado un pagaré en blanco”, dijo.
Otro caso recurrente son los préstamos usureros. “Estos vendedores tienen todos los datos de los docentes: domicilio, número de cédula, escuela donde enseña, etc. Ellos vienen con una orden de descuento ya elaborada con todos los datos y le ofrecen préstamos de G. 500.000, que el docente termina pagando entre G. 4 y 5 millones. Estas casas comerciales elaboran planillas de descuento particulares y le pagan a los giradores del Banco Nacional de Fomento (BNF) el 10% por cada descuento que realizan sobre los salarios de los docentes, sin informar al Ministerio de Educación. Además, los docentes nunca reciben notificación alguna de los embargos judiciales, no saben por qué se les demanda”.
Villalba destaca que estos giradores se están volviendo millonarios y que no respetan ni el aguinaldo.
“Algunos docentes tienen doble descuento de las mismas casas comerciales y por los mismos productos, a través de embargos que comunican al MEC, y otros embargos que directamente se concretan a través de estos giradores que se llevan el 10% por cada operación”.
El director general de Administración y Finanzas del Ministerio del Trabajo, Luis Aníbal Figueredo, dijo que todos los descuentos por embargos judiciales deben pasar, indefectiblemente, por la institución o empresa del afectado, que en el caso de los docentes es el Ministerio de Educación.
El BNF debería explicar por qué aprueba unilateralmente embargos judiciales de salarios.