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El ministro dijo que la situación asusta. “Vinimos junto a la fiscala Teresa Sosa quien investiga los casos y nos mostró intereses de deudas de apenas 33 días que tienen 14.000% de interés. El monto autorizado para que los docentes se endeuden no llega al 56% anual y así varios maestros terminan pagando G. 6.000.000 por una deuda de G. 500.000. Esto es usura y cuando hablamos de usura hablamos de delito”, dijo Riera.
El titular de la cartera de Educación informó que solicitarán una reunión “importante” con la Corte Suprema de Justicia para que se realice una auditoría de los juzgados de paz donde se instalaron las deudas. Llamativamente todos notificaban la judicialización de las deudas de los maestros en las oficinas del MEC, cuando existe una resolución que lo prohíbe, los testigos son los mismos y los actores son grupos de empresas que usan nombres de terceros, entre otras irregularidades.
“Obviamente la fiscalía precisa del apoyo del MEC para que pueda llevar adelante estas investigaciones porque mi preocupación realmente es pedagógica. Yo no puedo tener 10.000 docentes que no cobren un guaraní cada fin de mes. ¿Con qué criterio vamos a pedirles que motiven a los chicos? Por esto el ministerio va a apoyar decididamente la gestión de las fiscalas que llevan este trabajo, y vamos a reunirnos con las asociaciones que trabajan con el ministerio”.
Procesos estancados
La mayoría de los procesos en contra de las firmas estafadoras están estancados por chicanas que interponen los dueños de las empresas imputadas.
La fiscala Teresa Sosa tiene cerca de 1.000 causas que está investigando pero se estima que el total de afectados a nivel nacional es de más de 8.000 docentes.
Sosa dijo que están investigando estafas, usura, producción de documentos no auténticos y testimonios falsos. “Entre los casos más comunes sobresalen la estafa cometida por grupos de empresas que ofrecieron productos o créditos a docentes a pagar en largas cuotas. Sin embargo lo que hacen estos comercios es demandar inmediatamente mediante juicios ejecutivos y desprendiendo el pagaré del contrato, ocasionando perjuicios muy grandes a los educadores. De a poco las empresas se están acercando a reparar los daños”, dijo.