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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por Resolución Nº 449/18, de fecha 6 de febrero de 2018, dio por concluida la “investigación de oficio” por supuestas irregularidades en la licitación para contratar el “servicio de limpieza e higienización de las distintas dependencias del IPS” y remitió todos los antecedentes al departamento de sumarios para analizar la conducta de las empresas Potî y Cevima SA.
Se trata de una licitación adjudicada en el 2016 por el Instituto de Previsión Social (IPS) a ambas empresas antes mencionadas por unos G. 104.000 millones (alrededor de US$ 18 millones) en un contrato de 26 meses.
De la resolución de la DNCP se desprende que el IPS aplicó multas, descuentos y sanciones a las compañías Potî y Cevima SA por incumplimientos en el marco de la prestación del servicio de limpieza en el mencionado contrato.
En el propio portal de Contrataciones pueden observarse varias sanciones, entre amonestaciones y hasta inhabilitaciones a esas mismas empresas, por incumplimientos de su servicio en otros contratos.
Premio de US$ 28 millones
Llamativamente, el IPS está a punto de entregar a estas dos prestadoras otro contrato, aunque esta vez ya por US$ 28 millones.
En efecto, las empresas “Consorcio Limpieza” (conformado por Potî SA y Potî, de Alberto Palumbo) y Cevima SA (representada legalmente por Claudio Escobar Brizuela), están a punto de quedarse con otro contrato para el “Servicio de Limpieza e Higienización para las Distintas Dependencias del Instituto de Previsión Social”.
De hecho, ambas firmas ya fueron adjudicadas en la referida licitación aunque una tercera oferente, Renova SA (representada por Lilian Giménez), presentó protesta ante la DNCP denunciando que el pliego de bases y condiciones habría sido direccionado a favor de Potî y Cevima, ya que el concurso no se hizo por “lote” como se hicieron las anteriores licitaciones para permitir una mayor participación de oferentes.
Curiosamente, la DNCP dirigida por Santiago Jure, tres días después de haber ordenado el sumario a Potî y Cevima SA, rechazó la protesta de Renova, aun después de haber recibido un informe técnico del Ministerio de Salud Pública que daba la razón al reclamo presentado.
Ahora la Contraloría General de la República, que recibió toda la documentación sobre las supuestas irregularidades de esta licitación, debe expedirse al respecto.
Llamativo cambio de postura
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo del Abog. Santiago Jure, primero dicta la Resolución N° 449/18 en fecha 6 de febrero de 2018 por el que ordena abrir sumario a las empresas Potî y Cevima SA por presunto incumplimiento de contratos con el Instituto de Previsión Social (IPS) y tres días después, el 9 de febrero último, saca la Resolución N° 484/18 por la cual rechaza la protesta presentada en contra de la licitación que el mismo IPS adjudicó de nuevo a estas dos empresas por US$ 28 millones. De esta forma, la DNCP por un lado acepta que hubo irregularidades de estas compañías, pero por otra parte da “luz verde” al IPS para “premiarlas” con el jugoso contrato.