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Los diputados procuran que la Agencia Nacional de Tránsito, que es una nueva institución creada por la Ley 5016 de mayo de 2014, reglamente el sistema de ITV en todo el país. En la Cámara de Senadores también existe otro proyecto nuevo. Los legisladores que plantean una nueva norma de ITV mantienen una contradictoria posición con relación a los derechos de los municipios.
La mayoría de los diputados y senadores reconoce que las comunas tienen autonomía. Sin embargo, otra vez pretenden “unificar” los criterios legales y técnicos para que se aplique la ITV en todo el país.
El diputado colorado Oscar Tuma de nuevo está detrás de un proyecto similar a la Ley 3850/09. El candidato a intendente de Asunción fue quien propuso “suspender” la Ley 3850/09 en el 2012, pero luego aceptó que sea derogada. Su argumento fue que las comunas tienen autonomía en materia de tránsito. Manifestó que la Ley 3966/10, carga orgánica municipal, ya establece la ITV como obligatoria.
Sin embargo, Tuma presentó un proyecto para suspender los contratos de ITV de las comunas de Asunción Villarrica, Paraguarí, San Lorenzo, Luque, Carapeguá, Teniente Irala Fernández, Mariscal Estigarribia, Filadelfia y Loma Plata. Esto fue rechazado por Senadores.
Ahora de nuevo arremete contra los derechos comunales. Propone que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial sea la institución que autorice el funcionamiento de un centro de inspección técnica.
Por su parte, el senador Eduardo Petta San Martín había presentado el proyecto de derogación de la Ley 3850/09. Su principal argumento fue que la norma viola la autonomía municipal, según artículos 166 y 168 de la Constitución Nacional.
Ahora Petta está de nuevo detrás de otro proyecto que también atenta contra los derechos de las municipalidades. Su idea es mantener el oligopolio de empresas especializadas en ITV, tal como había establecido por la Ley 3850/09. El proyecto no permite que los talleres mecánicos e importadores de vehículos entren en el negocio de la ITV. Además, establece de nuevo el costo por el servicio técnico y saca atribuciones a las comunas para dar potestad al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).