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Los legisladores de la Cámara Baja no se deciden. El 31 de julio suspendieron la inspección técnica vehicular, por un año, en Asunción, Villarrica, Paraguarí, San Lorenzo, Luque, Carapeguá, Teniente Irala Fernández, Mariscal Estigarribia, Filadelfia y Loma Plata, únicos municipios donde hay ITV.
El argumento para aprobar la suspensión fue que la gente no debe pagar la inspección mientras las municipalidades no arreglen las calles. El nuevo proyecto fue presentado el 13 de agosto y lleva las firmas de los diputados Óscar Tuma, Dany Durand, Néstor Ferrer, Celso Maldonado, Enrique Pereira Thalmann, Bernardo Villalba y Marcial Lezcano.
La iniciativa es liderada por el diputado Durand. Este había señalado que el proyecto no atenta contra atribuciones de los municipios, según el artículo 168 de la Constitución Nacional, que determina que la reglamentación y control del tránsito están a cargo de las municipalidades y no del Gobierno central.
El nuevo proyecto es similar a la Ley 3850/09, derogada por Ley 5522 el 1 de julio. Esto es así porque despoja de sus atribuciones a las comunas y da potestades a la Agencia Nacional de Tránsito, creada por Ley 5016 de mayo de 2014. Esta nueva institución reglamentará las normas del tránsito pese a que se trata de una función de las comunas.
La Agencia, que todavía no entró a operar, establece la obligatoriedad de la ITV tal como determina la Ley 3966/10, carta orgánica municipal. Estas normas establecen que los municipios reglamentarán la ITV, pero Diputados pretende reeditar la Ley 3850/09 aunque con algunas variantes.
El nuevo proyecto de ley establece que la Agencia será la que reglamentará y fiscalizará los talleres de ITV, pero serán los municipios los que firmarán los contratos con las empresas privadas. En esto es similar a la anulada Ley 4856/12, que modifica la Ley 3850/09.
Los diputados imponen el costo de la ITV cuando este debe ser resultado del concurso hecho por las comunas. Por acuerdo y sentencia 2.500 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia dio razón a 130 comunas al señalar que la Ley 3850/09 es inconstitucional.
darce@abc.com.py