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En 1993 la empresa Vector SA, de Luis Fernando Dumot, fue adjudicada con la explotación del estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Democracia por un período de 27 años.
Sin embargo, según explicó el concejal Julio Ullón (ANR), el proyecto de ordenanza tributaria para el ejercicio 2017 (que sería el presupuesto general para la Municipalidad) no contempla ningún ingreso por la concesión a la firma privada que cobra al ciudadano G. 10.000 por hora por dejar su vehículo en un espacio público. Aseguró que en el presupuesto vigente, del 2016, no figuran pagos por parte de la empresa, por lo que desconocen desde cuándo dejó de pagar el canon.
El edil indicó que no se saben detalles sobre el contrato que se firmó en 1993 y es por ello que ayer la Junta Municipal de Asunción aprobó sobre tablas y con carácter resolutivo una minuta a través de la cual se solicitan a la Intendencia informes sobre el vínculo y todos los detalles alusivos.
Además de no conocerse los detalles del contrato, Ullón agregó que tampoco se sabe cuál es el criterio legal utilizado por la empresa para incrementar los precios de la tarifa de estacionamiento. Los G. 10.000 que se cobran actualmente por hora exceden sobremanera los G. 3.500 por hora que se pagan en cualquier zona tarifada de la ciudad.
En caso de que la Junta Municipal halle una irregularidad o incumplimiento por parte de la empresa Vector, la Comuna capitalina deberá percibir en forma retroactiva los beneficios que debió haber cobrado.
El edil adelantó que una vez que venza el contrato con la empresa, que sería hacia el final de la administración de Mario Ferreiro, el espacio volverá a ser de la Municipalidad de Asunción y allí se estudiará si es factible conceder la explotación a otra empresa.
Por su parte, el titular de la empresa Vector, Luis Fernando Dumot, dijo a ABC Color que el canon existe y se paga todos los años. “Está totalmente en regla; si hay problemas internos, ya es otra cosa”, afirmó.
Indicó que el pago es con base en ingresos totales de la empresa, pero, consultado en reiteradas ocasiones, no quiso revelar el monto que abona. Argumentó que no le parece que esa información sea de interés público.
El contrato se firmó en el año 1993, durante la administración de Carlos Filizzola.
Luego de un impasse en el 2007 la justicia falló a favor de la empresa y obligó a la Comuna a pagar G. 696 millones a la firma Vector.