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En el documento dicen que hubo una grave violación del territorio ancestral de los ayoreos, quienes se encuentran reclamando sus legítimos derechos efectuando cierres de ruta, en consideración a que sus reclamos han sido desoídos por parte de las autoridades nacionales pertinentes. “Mediante actos irregulares, pretenden despojar parte de su territorio tradicional, llevando a cabo trabajos de desmonte, colocación de alambrados, apertura de caminos y otras tareas en abierto quebrantamiento de la normativa nacional e internacional que tutela los derechos indígenas”, denuncia el comunicado.
Agrega que personas inescrupulosas pretenden ubicar sus títulos de propiedad en territorios ya titulados de los ayoreos, manipulando la justicia ante la inoperancia de los organismos públicos competentes, llevando a cabo barbaridades jurídicas, violando el derecho ancestral de los pueblos indígenas, reconocidos como antecesores del Estado paraguayo.
Reclaman igualmente a la Gobernación de Amambay la transparencia en la ejecución de los montos destinados a favor de los pueblos indígenas, establecidos en el Presupuesto General de la Nación y transferidos al gobierno departamental, que asciende a la suma de G. 566.301.702, individualizado con el rubro “sector indígena”.
“Dicho monto, según las organizaciones indígenas de la región, no ha sido ejecutado en beneficio de las comunidades indígenas del departamento, a pesar de los innumerables reclamos efectuados en ese sentido, pues hasta la fecha no se han realizado las obras ni las demás peticiones formuladas en diversas ocasiones, tales como construcciones de escuelas, reparación de centros educativos y la construcción, reparación de caminos y puentes”, enfatiza el reclamo.
Reconocen que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República han tomado intervención en el caso, pero piden una investigación a fondo a fin de que sean respetados los derechos de los pueblos indígenas, esclareciendo acabadamente el destino de los desembolsos y, por ende, la correcta ejecución presupuestaria.
Finalmente, piden a las autoridades departamentales y nacionales que sean otorgadas las garantías administrativas y legales, para que los derechos de los nativos sean salvaguardados, y que sean atendidos los reclamos de los mismos, evitando que sus derechos constitucionales y legales, nacionales e internacionales sean trasgredidos.