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Entre las irregularidades también se citan la explotación de los choferes que trabajan más de ocho horas, no pago del seguro social del IPS, firma de recibos de salarios que no son cobrados, firma de papeles en blanco, no otorgar descansos y suspensiones arbitrarias.
Penayo dijo que recurrió a la Dirección General del Trabajo por ser la dependencia que encabeza la Comisión Interinstitucional de Transporte Público junto con la Fiscalía, la Setama y Dinatran, con el objetivo de que se intervengan las empresas del Área Metropolitana.
Destacó que hace diez años viene trabajando como fiscalizador en las líneas, pero no ha visto que ninguna cumpla medianamente con lo establecido en las leyes laborales. “Así también vemos que hay casos de evasión de impuestos porque ellos mismos dan boletas sin la numeración del timbrado, sin la numeración del RUC, por tanto no sirven para el ciudadano como comprobantes de haber abonado legalmente su pasaje”, explicó el denunciante.
Penayo calificó de “asquerosas” las violaciones a los derechos laborales que se dan en las empresas del transporte público: “Los empresarios del transporte hacen lo que quieren, prácticamente se creen los dueños de todo”.
Otro reclamo que hace, en representación de los fiscalizadores, es la participación del sector ad honórem en el estudio técnico que se va a hacer para determinar la cantidad de pasajeros por unidad por día porque “nos sentimos capacitados y calificados” para que tengamos participación en el estudio y corroborar o no su veracidad, según afirmó. “Siempre estamos teniendo resultados amañados y los empresarios preparan sus maletines para la gente que hará los estudios, para funcionarios e instituciones”, advirtió.
Cuestionó que el Gobierno ya haya dispuesto una suba del pasaje cuando que el estudio recién se anuncia para marzo, demostrando ya una parcialidad hacia los transportistas.