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Los precios del cocido y del agua “de oro” que el MEC estaba adquiriendo y que indignaron a la ciudadanía también hicieron que el presidente Horacio Cartes solicitara a la ministra de Educación, Marta Lafuente, que deje sin efecto la firma del contrato de provisión de productos de gastronomía para su servicio de ceremonial, entre los que estaban los señalados ítems.
El acuerdo establecía que los suministros eran para un periodo de dos años, para el proyecto PISA para el Desarrollo, de evaluación de los niveles educativos.
La compañía “Organización Integral SRL” (de Rugel Alberto Ferreira González) era la adjudicada para el servicio de provisión de comestibles al MEC. Iba a cobrar G. 80.000 por dos litros de cocido negro, mientras que el otro oferente, Bahía SA, presentó el mismo producto a G. 26.000. Cada botella de 500 ml de agua se ofertó a G. 10.000, cuando en un comercio normal se encuentra a G. 2.500. (Ver info).
Luego de las críticas y burlas ciudadanas, ayer de tarde el presidente de la República, Horacio Cartes, convocó a la ministra Lafuente a Mburuvicha Róga. Al retirarse, luego de tres horas de reunión, la citada encargada de Educación eludió a la prensa. Luego, cerca de las 20:00 convocó a la prensa, ocasión en que anunció el desistimiento de la adjudicación.
Lafuente informó que aún no se había firmado el contrato y que “no hay compromiso económico ni ningún pago realizado, y todos los órganos de control fueron informados sobre el proceso”.
Aluvión de reclamos
La Coordinadora de Abogados, presidida por Kattya González, así como la Federación de Educadores y estudiantes secundarios, fueron algunos de los grupos que cuestionaron al MEC.
El citado gremio de juristas incluso presentó una denuncia en contra de la ministra Lafuente ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. “Entendemos que las investigaciones indican mal manejo de fondos públicos, que podrían configurar hechos punibles como lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y eventualmente tráfico de influencias materializados en la compra sobrefacturada de rubros que en el precio de mercado son mucho menores”, señaló González.
Por su parte, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) también decidió presentar acusación en contra de Lafuente y anunció movilizaciones. “La ministra dijo que se cumplió con todos los mecanismo legales, y de ser así, esto es un robo legal y un acto inmoral, habiendo tantas necesidades en el país. Vamos a pedir que la ministra renuncie y se ponga a disposición de la Fiscalía”, refirió Silvio Piris, presidente de la FEP.
Mientras, representantes de los alumnos de colegios integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) repudian las compras a precios exorbitantes. Algunos incluso ayer salieron a las calles para protestar por el despilfarro.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas indicó, sobre la crítica contra dicha licitación, que no controla las ofertas para detectar despilfarro y que solo verifica si el proceso es legal.