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En mayo de 2016 directivos de las empresas Ycuá Satî y Cerro León denunciaron ante el Ministerio Público el robo de sus buses que habían sido confiscados por funcionarios del Viceministerio de Transporte, por incumplimiento de las reglas de explotación de itinerarios.
De acuerdo a la denuncia, los vehículos fueron retirados del corralón que tiene en Itauguá el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mediante documentos falsos.
Ramón Agüero, exdirectivo de la desaparecida empresa Ycuá Satî que explotaba el itinerario de la línea 3 (Asunción-Lambaré), recordó que cuatro vehículos de su empresa fueron confiscados por circular con la puerta abierta. Dos de los automotores fueron retirados del corralón mediante los papeles falsos para vender en el mercado negro. En dos años no hubo avances en la investigación, a cargo de la fiscala Blanca Aquino, a pesar de que habían detectado el sitio donde estaban los buses robados del corralón del MOPC. Los vehículos ya tenían pintura y logo de otra empresa de transporte.
Además, llama la atención que la fiscalía haya incluido en la investigación solamente a los funcionarios de menor cuantía del Viceministerio de Transporte y no a su titular, Agustín Encina, y a los compradores de los buses robados. Agüero comentó a nuestro diario que habló con Roberto Cubilla (ex candidato a concejal de Luque y excandidato a diputado por el Partido Colorado) quien tenía en su poder los vehículos robados, y este le “recomendó no hacer la denuncia penal porque ya tenía conversado con el viceministro para cubrir el itinerario Luque-San Lorenzo y que le iba a pagar por los buses”. “Por falta de recursos dejé así, porque no podía meterme en contra de gente poderosa”, señaló.
La línea 3 dejó de cubrir su itinerario Asunción-Lambaré, que hacía con una flota de 47 unidades.
La empresa de transporte tuvo muchas presiones de los sindicatos y de los mismos funcionarios del viceministerio y ya no pudo seguir operando, por lo que la misma empresa pidió la cancelación del servicio.
Evasión versus billetaje
En el sector existe una rosca mafiosa integrada por empresarios, funcionarios del Viceministerio de Transporte y dirigentes sindicales, que consiguen beneficios económicos.
Esta misma rosca ampara la circulación de chatarras, el incumplimiento de frecuencias, la evasión y el cobro indebido de subsidios, entre otros. Pone trabas al billetaje electrónico, para evitar la transparencia, y cancela itinerarios de las empresas más débiles para otorgar a las poderosas.
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