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“Se está realizando una auditoría para contar con toda la información referente al caso. Una vez que cuente con el resultado de esta auditoría, se harán las consultas jurídicas pertinentes para determinar qué acciones se pueden tomar”, fue la respuesta enviada vía mensaje de texto por uno de los asesores de la ministra, Soledad Núñez, al ser consultado si la institución le sacaría la casa como lo hace con todas las personas que se adjudican los recursos del Estado para comprar una vivienda y finalmente no la utilizan.
En un mes concluiría la auditoría interna que Núñez dispuso tras la publicación de nuestro diario sobre la morosidad y acceso ilegal al crédito estatal de la diputada colorada.
En 1998, cuando accedió al préstamo, Perla de Vázquez ya era una poderosa dirigente colorada del departamento de San Pedro y su esposo, Juan José Vázquez, diputado por el mismo departamento. El dinero le dio el Estado para adquirir una vivienda que no necesitaba. La misma Perla reconoció en una entrevista radial que no reside en la casa adquirida con el dinero que el Estado le prestó en cómodas, largas e interminables cuotas.
La ley que regía al Conavi y el reglamento del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establecía que el préstamo concedido al Estado era para financiar viviendas a personas que necesitaban acceder a ella.
La política colorada no solo fue beneficiada de forma ilegal con los recursos. También le dieron cuatro años de gracia. Recién le comenzaron a correr los plazos de pago al quinto año. Como siempre fue morosa, la institución le amplió los plazos en tres oportunidades, pero aún así, en 19 años no canceló.