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Una de las banderas del Gobierno de Horacio Cartes es la trasparencia, pero algunas instituciones al parecer tienen otras prioridades. A inicios de este año, la empresa Álamo, presidida por Daniel Maldonado, había solicitado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Santiago Jure, que como ente regulador de las compras que realizan las instituciones del Estado, dispusiera que los envoltorios de las resmas de papel lleven impresa la leyenda “Prohibida su venta-Material de Licitación-Gobierno Nacional”. Esto, a fin de evitar que la papelería adquirida termine siendo comercializada en el mercado negro por funcionarios infieles.
El pedido de la empresa, realizado el 15 de febrero de este año, fue ignorado por la DNCP. Álamo insistió con otra nota el 11 de octubre, en coincidencia con la publicación de un llamado, el 10 de octubre, para la adquisición de resmas de papel. Esta vez Contrataciones respondió, aunque negativamente, con argumentos poco convincentes. Lo hizo por nota fechada el 28 de octubre, 8 meses después de la primera solicitud. En su respuesta, la DNCP indicó que no harán las modificaciones a las especificaciones técnicas requeridas en la licitación en curso, habida cuenta de la necesidad del tiempo que conlleva analizar los impactos en materia de costos para el Estado.
Álamo reclamó tal decisión y resaltó que realizaron de manera oportuna una solicitud razonable y fundamentada a Contrataciones, sin embargo, dicho pedido no solo fue omitido en el periodo de planificación, sino que después de 8 meses recibió una negativa carente de fundamento, racionalidad y coherencia. La empresa recordó a la DNCP que la inclusión de la leyenda solicitada se aplica hace años a instituciones como el Ministerio de Educación con los kits y merienda escolar, además del Ministerio de Salud e IPS con los fármacos.
Negocio de US$ 13 millones
La empresa Álamo constató que las resmas de papel son vendidas en el mercado negro a un precio de G. 10.000 cada una (500 hojas), lo cual no llega siquiera al costo del producto importado ni fabricado en el país cuyo valor aproximado es de G. 18.000 a G. 20.000. Esto hace suponer que los productos vendidos a mitad de precio provienen de los entes públicos, considerando la cantidad que es adquirida. Según los informes estadísticos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), los entes públicos compraron resmas durante los años 2014, 2015 y 2016 por un valor de G. 74.964.845.262, unos US$ 13.386.579. Las de tamaño oficio son las más adquiridas.