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La educación superior estaba muy desordenada y casi llegaba al caos. Como consecuencia, se creó el Cones en 2013. Este ente le otorgó dos años de gracia a las universidades e institutos superiores para presentar un registro pormenorizado de cada una de sus carreras ofertadas al público. Algunas se pusieron en regla, otras simplemente nunca rindieron cuentas.
En el 2015, el Cones empezó a intervenir a las instituciones que no se habían reportado. En ese proceso, desde entonces hasta hoy, se clausuraron en total 2.664 carreras y programas –la mayoría de ellas ligadas con Ciencias de la Salud– de la Universidad Internacional Tres Fonteras (Uninter), Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), Universidad Hispano Guaraní y la Universidad Autónoma del Sur (Unasur).
La mayoría de estas casas de estudios recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para obtener una medida cautelar para seguir operando. Sus rectores pedían la inmediata suspensión de los efectos de la Resolución 166 del Cones, porque la consideran inconstitucional.
La Resolución 166 no permite que se sigan habilitando carreras mediante la Ley 2.529, más conocida como “Ley Marcos”, desde que la misma fue derogada, en el 2010. Ahora, todas las carreras o filiales que solicitan habilitación deben ser verificadas y autorizadas por el Cones, que luego emite un dictamen favorable al Congreso para su habilitación mediante una nueva ley de creación.
Algunas carreras del área de la Salud que fueron cerradas estaban efectivas y cuando fue clausuradas por el Cones dejaron a miles de estudiantes afectados y estafados, que deambulan hasta hoy tratando de reinsertarse en otras instituciones educativas que les permitan acceder al título.
Hildegardo González, presidente del Cones, afirmó que “tenemos la obligación de velar por los intereses de los alumnos del país, sobre todo en carreras de salud, porque son muy delicadas”. Anunció igualmente que las sanciones y clausuras no pararán e irán a la “caza” de más universidades en situación irregular en el 2018.