Cargando...
–¿Cómo puede prevenirse la violencia hacia los niños?
–La violencia hacia niños y niñas, en una de sus peores caras, el abuso sexual y la violación, requiere decididamente que esté en la agenda pública de una manera mucho más central de lo que hasta ahora ha estado.
Si bien se ha avanzado en marcos normativos y desarrollos institucionales a partir del Código de la Niñez, así como la implementación de protocolos de atención en servicios de salud y educación, la red de protección que hemos construido es a todas luces aún muy deficiente. Esto es claramente visible en las cifras de casos recepcionados por los servicios como fono ayuda, las Codenis y reafirmado en los datos de los altos índices de embarazo adolescente. Aún no tenemos una clara política educativa sobre educación sexual y reproductiva que promueva una protección de los niños y niñas contra la violencia sexual. Los servicios de protección no cuentan con los recursos técnicos y presupuestarios para actuar preventivamente, y estamos llegando tarde. Muchas veces las señales de alerta son ignoradas y no tenidas en cuenta en los entornos cercanos del niño.
–¿De qué modo debe manejarse la situación, al conocerla?
–Es fundamental la información y la sensibilización de todos los ciudadanos, incluidos los niños y niñas, para detectar las primeras señales y reaccionar a tiempo, lo que significa saber a dónde recurrir para obtener una orientación precisa, ya sea el propio niño o niña o los adultos que sospechan que algo está pasando. Sobre todo, es fundamental investigar todas las denuncias y requerimientos dándoles el status de una situación que sí o sí debe ser descartada o confirmada. Y sobre todo, se debe tener el foco en una atención especializada donde la protección integral de la integridad de los niños sea una prioridad. Es fundamental la coordinación entre los servicios intervinientes, ya sean administrativos y judiciales, con un protocolo consensuado basado en el interés superior del niño y en el debido proceso, para evitar revictimizaciones, lamentablemente tan frecuentes en nuestro sistema de justicia.
–¿Cuáles instituciones tienen que intervenir ante dichos casos? ¿Qué deben hacer?
–Las instituciones intervinientes para situaciones como las mencionadas son: servicio de Fonoayuda (llamada gratuita para hacer denuncias al 147), Codeni, Defensoría Pública del Niño, policía, fiscalía, juzgado de niñez y adolescencia, sistema penal, servicios de salud y educación. En otras palabras, todo el sistema nacional de protección debe actuar para asegurar la protección del niño o la niña involucrada.
–¿Qué ocurre con la educación sexual y reproductiva? ¿Y los programas propuestos al respecto?
–Como había mencionado, estamos llegando tarde, y uno de los factores ha sido la falta de información y educación por parte de los niños, niñas y adolescentes sobre la sexualidad y, principalmente, cómo protegerse ante situaciones de abuso, detectando las señales de alerta temprana para solicitar ayuda.
–¿La pedofilia y la pederastia son una realidad arraigada, protegida o aceptada tácitamente, o callada, en Paraguay? ¿Y la explotación sexual a la niñez?
–La pedofilia es una psicopatía presente en la mayoría de las sociedades. La diferencia es cómo se reacciona ante ella y, efectivamente, tenemos un discurso público de rechazo que se contradice con las prácticas institucionales que intervienen que se caracterizan por minimizar las denuncias, donde muchas de ellas quedan en la nada y la impunidad es lamentablemente frecuente en los procesos judiciales. Características similares tienen las situaciones de explotación sexual.
–¿Las violaciones y abusos a la niñez son muy frecuentes, o lo que ocurre ahora es que la gente denuncia más?
–Probablemente esté ocurriendo que estén saliendo a la luz situaciones que se estaban dando de hecho y que la mediatización de otros casos ha sido un incentivo para que puedan ser denunciadas. La cuestión es qué hacemos con ellas, cómo reacciona el sistema de protección que debiera aprovechar para difundir información y sensibilizar para prevenir otros casos o promover la denuncia en aquellos casos donde la vulneración ya se ha dado para intervenir y detener el abuso; fortalecer a los servicios de respuesta con capacitación, ampliación de técnicos, lo que implica claramente mayor presupuesto.
–¿Qué causa toda esta lamentable realidad según tu opinión? Se tejen demasiadas opiniones al respecto.
–Es una gran pregunta. Por mi parte, mi visión es que las situaciones de vulneración de derechos que viven cotidianamente los niños y niñas en el Paraguay debido a la violencia tienen raíces culturales que definen el lugar y el valor que damos a la infancia en el país, al valor que damos a las relaciones igualitarias, equitativas entre las personas, independientemente de su condición etaria, social, económica y cultural.
Vivimos en una sociedad profundamente desigual e injusta, y esto afecta significativamente a los niños y niñas. En sociedades como la nuestra, donde el ejercicio del poder ignora, rebasa y fractura a la institucionalidad y los principios legales, los más débiles sufren los peores atropellos, y qué duda cabe de que los niños llevan la peor parte. Todavía en nuestro país se defiende el uso de la violencia para educar a un niño, para dar un ejemplo de las vejatorias y retrógradas prácticas con las que todavía convivimos.
–¿La legislación debe cambiar? ¿Las penas deben ser más duras? ¿Podría hablarse incluso acerca de medidas como la castración química?
–Desde mi punto de vista, el problema no es tanto la legislación, sino las prácticas institucionales para aplicar las leyes de protección y de punición vigentes para asegurar la debida protección que requieren los niños ante situaciones de violencia y explotación.
Espero, abogo porque en nuestro Paraguay cada niño y cada niña sean protegidos integralmente con toda la fuerza social, política y cultural de la que seamos capaces, honrando los acuerdos que hemos hecho con la niñez y la adolescencia.
cmedina@abc.com.py