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Un grupo de los 120 choferes del plantel de la Línea 49 realizó una asamblea para formar un sindicato, el 23 del mes pasado.
Días después fueron despedidos los integrantes de la comisión directiva del gremio, entre ellos Miguel Garcete, secretario general, y Ramón Torres, secretario adjunto. Estos obreros están, desde hace 15 días, entre los crucificados por sus colegas en señal de protesta por los despidos.
Juan Villalba, presidente de la Federación de Obreros del Transporte, informó ayer que los choferes y dos de las esposas de estos, Norma Bogado y Jorgelina Ayala (que también están crucificadas), no abandonarán la medida de fuerza porque no tienen garantía jurídica a nivel del Ministerio del Trabajo ni en el Poder Judicial (ámbito laboral y penal).
Los 14 choferes y las dos mujeres tienen clavos entre los dedos. No realizan huelga de hambre y están bien de salud hasta ahora.
Injerencia de Fiscalía
La fiscala Sandra Fariña imputó el 7 de julio a choferes y sindicalistas por perturbación de la paz pública. Los mismos son: Juan Villalba, Miguel Garcete, Derlis González Amarilla, Marcos Deudan Acosta, Édgar Ayala Casco, Édgar Bogarín Almirón, Sixto Morel Amarilla, José de Jesús Morel Amarilla, Jorge González Torales, Ramón Torres Solalinde y Marcos Leiva.
Para Villalba esta acción es una “injerencia de la Fiscalía General del Estado”, que demuestra la influencia política de Maldonado, dueño de la Línea 49 y accionista de la Línea 30.
El diputado liberal señaló días atrás que despidió a diez choferes, pero aseguró que fue para reestructurar su empresa. El mismo no reconoce al sindicato porque no está legalizado por el Ministerio. Reconoció que los choferes trabajan más de ocho horas por día, pero dijo que es por “presión” de los obreros porque ganan más por redondo.