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Teodolina Díaz, de la Editorial Lina, dijo que solicitaron varias reuniones con el MEC para pedir explicaciones, específicamente con la directora general de Educación Inicial y Escolar Básica, María del Carmen Giménez, algo que hasta ahora es imposible. “Agotamos todas las instancias con el ministerio”, lamentó.
A través de las supervisiones, hicieron llegar a las escuelas la información de que está “terminantemente prohibida la exigencia de adquisiciones de ningún tipo de material didáctico”. La determinación está establecida en una circular del 26 de marzo de 2013.
Desde ese año, se interpretó que lo que está prohibido es que los maestros obliguen a los padres a comprar los libros. Según explicaron los representantes de Capel, hace décadas, se ponen de acuerdo en cada escuela con los padres para la compra de los libros, con precios de entre G. 25.000 y G. 40.000, y ordenan en diciembre las impresiones. Todo esto se hizo, pero se encontraron hace dos semanas con la sorpresa de la “nueva” disposición.
“Eso acentúa las desigualdades entre los estudiantes de escuelas privadas, que tienen libros, y los de escuelas públicas, que no contarán con materiales atractivos”, lamentó por Cayetano Quattrocchi, titular de la Capel.
Edgar Ruiz Díaz, de la Editorial Don Bosco, dijo que la venta de textos es importante para la industria del libro, ya que prácticamente subsidia la producción de otras obras que aportan a la cultura, y se constituye, por ende, en “una pata importante para la educación”.
Contactamos con Giménez, quien no atiende llamadas, pero recibió a través del WhatsApp la consulta del porqué no brinda una explicación a la Capel.