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Los docentes estafados han denunciado que varias casas comerciales les han solicitado retirar las acusaciones por estafa para poder desbloquear sus cuentas que están retenidas judicialmente, y solo así, argumentan que reembolsarán lo sustraído a los docentes de manera fraudulenta.
Los jueces Fátima María Luisa de López y Felipe Acosta de los juzgados de La Catedral y La Encarnación, respectivamente, han bloqueado las cuentas de las empresas denunciadas, por lo cual estas esgrimen que solo si se retiran las denuncias podrán cumplir con los acuerdos de conciliación (reembolso de parte de lo defraudado) a los que llegaron con los docentes en la Fiscalía de Delitos Económicos.
Por su parte, los educadores no confían en la salida que proponen las empresas, porque hasta el momento se están deteniendo los juicios buscando una conciliación con estas firmas. Por ello, si retiran las denuncias ninguna obligación hará cumplir a las empresas la devolución del dinero defraudado a los educadores.
Extinción de causas
Otro problema al que se enfrentan los maestros es la prescripción de las causas, como el delito de usura, del que la mayoría de más de 10.000 docentes son víctimas. La fiscala Teresa Sosa explicó que las causas por delitos de usura prescriben en tres años, por lo cual varios de los delitos cometidos contra los docentes, antes del 2014, pueden quedar impunes y las firmas denunciadas están haciendo todo lo posible por dilatar los procesos incumpliendo los acuerdos.
Los docentes ven un halo de esperanza en la gestión del ministro Enrique Riera, quien por primera vez se está ocupando de esta problemática que deja a más de 11.000 docentes sin salario. El MEC ya se pronunció sobre este problema y solicitó la intervención de la Corte para que regule la gestión de los jueces de Paz a quienes se señala como cómplices de las estafas.