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Al cierre de una campaña de sensibilización y concienciación sobre la asistencia alimentaria, ha quedado en evidencia la necesidad de un debate más serio sobre la temática en la sociedad paraguaya. El estudio sobre la asistencia alimentaria y su vinculación con el derecho a la protección de niños y adolescentes en el Paraguay, elaborado en el marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad de USAID/Paraguay y CEAMSO, ha presentado datos reveladores que conllevan un llamado de atención sobre el tema, señaló Aníbal Cabrera, de la Coordinadora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (CDIA).
El debate sobre el tema sigue siendo esporádico y poco incisivo, principalmente considerando el estudio –que presenta datos correspondientes a seis jurisdicciones del país: Itapúa, Alto Paraná, Guairá, Concepción, San Pedro y Capital–, pone de manifiesto que los juicios de asistencia alimentaria serían solo la “punta del iceberg” de la situación en la que se encuentra en Paraguay en cuanto a la garantía del derecho alimentario.
Los datos cuantitativos evidencian que son las mujeres quienes mayormente recurren a la justicia para solicitar la efectivización de la asistencia alimentaria por parte del progenitor, a través del juicio de asistencia alimentaria.
Las mujeres, aun cuando están empleadas fuera del hogar y perciben algún ingreso, siguen asumiendo la mayor parte de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas.
Revela el estudio que son las madres por lo general acuden a reclamar asistencia alimentaria cuando ya no pueden mantener a su descendencia con sus propios ingresos o en casos de enfermedad, en que deben atender exclusivamente al niño y, por lo tanto, no pueden realizar otras actividades que les generen ingresos económicos, explica Cabrera.
“Esto se puede deber a las numerosas barreras detectadas para hacer efectivo el derecho, como lo es la duración de los juicios. En una auditoría realizada por la Corte Suprema de Justicia, se encontró que el proceso puede durar entre 180 y 1.455 días”, indicó.
Cabrera afirma que el derecho a la asistencia alimentaria abarca no solamente la alimentación propiamente dicha, sino la cobertura de salud, de educación, de protección, recreación y todo lo que los niños y adolescentes necesitan para su mejor desarrollo. “El ejercicio de este derecho no debe depender de una situación de necesidad”, concluyó.