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Tatiana Cogliolo, cuyo ingreso mensual era de G. 12 millones y viajó al exterior con su jefe nada menos que ocho veces en un año, se presentó ayer ante el juzgado penal de garantías a cargo de la jueza Gricelda Caballero para la audiencia de imposición de medidas.
Además de arresto domiciliario en su vivienda del barrio Kennedy de Lambaré, la magistrada estableció una fianza real de G. 50 millones, garantizada con un inmueble de San Lorenzo, y le impuso a su defensor Dionisio Gavilán otra por igual valor. La resolución establece, asimismo, prohibición de acercarse al Rectorado y de salir del país.
Idéntica medida fue aplicada ayer a Gladys Esther Izquierdo Sosa. A Chiara Noemí Cogliolo Izquierdo se le aplicaron las mismas medidas, pero la fianza personal del abogado Gavilán se fijó en G. 100 millones.
Gladys Izquierdo es la madre de la maestra parvularia, y Chiara, su hermana menor, quien, a pesar de ser estudiante del nivel medio en el Colegio Nacional de Lambaré, aparece como “docente” con un salario de G. 1.824.055, según la imputación.
Cita para este lunes
El juzgado fijó para el lunes 21 la audiencia de imposición de medidas para Olga Carolina Méndez, Delia Marizza Martínez Méndez y Miriam Rossana Martínez Cabrera.
La imputación refiere que Méndez cuenta con título de bachiller y tiene dos rubros de profesor; Martínez es estudiante de la carrera de Administración de Empresas y tiene tres rubros de profesor, mientras que Rossana Martínez Cabrera es estudiante de la carrera de Administración de Empresas y cuenta con rubro de profesor.
En esta causa han sido imputados más de 50 funcionarios por cobro indebido de honorarios, varios de los cuales serán convocados por el juzgado en el transcurso de los próximos días.
La nómina de procesados está encabezada por el exrector Froilán Peralta, procesado por lesión de confianza e inducción a un funcionario a cometer hecho punible, y el exdecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias Juan Gualberto Caballero, quien afronta el cargo de lesión de confianza.
Proceso paralelo
Paralelamente, en San Lorenzo se tramita la causa de la “comepapeles”, la exdirectora de Recursos Humanos María del Carmen Martínez, y otras dos funcionarias del Rectorado por intentar destruir evidencias de la institución. Esta causa es por frustración de la persecución penal.