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En nuestro país se cuentan con herramientas legales que regulan la plantación, poda, tala, trasplante y cuidado de los árboles, dentro de los municipios.
Marco legal
La Ley 4928/13 “De protección del arbolado urbano” y la Ordenanza N° 60/98 que “Establece las acciones a ser desarrolladas para la protección de la cobertura arbórea de la ciudad de Asunción” están vigentes en nuestro país y municipio, respectivamente. Ambos documentos obligan a los propietarios o arrendatarios de predios urbanos a mantener en buen estado los árboles ubicados en la propiedad así como los que están en sus aceras.
De acuerdo a lo estipulado por la Ley 4928/13, toda poda severa, trasplante o tala de árboles en terrenos privados y públicos requiere la autorización de la Municipalidad.
La normativa también indica que, en caso de obtener la autorización, el dueño del predio estará obligado a compensar cada árbol derribado con 10 árboles pequeños o plantines de la misma especie u otra indicada por el Municipio.
En otro de sus párrafos señala que “el que sin autorización habilitante talara árboles, lo descortase o vierta elementos nocivos al pie del mismo será sancionado con 50 jornales mínimos (actualmente unos G. 3.188.800) por cada árbol talado”.
Por otro lado, la Ordenanza N° 60/98 dice que “para derribar un árbol del dominio privado el propietario y/o entidades públicas deberán solicitar el permiso correspondiente a la Municipalidad de Asunción, explicando los motivos para dicha medida...”. También aclara que “no serán causales del derribo de árboles la implementación de obras y estructuras civiles a menos que se hiciera imprescindible por no existir otras soluciones técnicas posibles debido a la disposición de los árboles”.
Antecedentes
El predio arbolado, objeto de preocupación ciudadana, está en San Martín entre Bertoni y Sucre, una de las zonas inmobiliarias más caras de la capital. Bajo la administración del actual senador liberal Fernando Silva Facetti, el IPS alquiló su propiedad por 20 años a la firma Retail SA. En el pasado, el terreno fue propiedad del empresario paraguayo Manuel Ferreira Sosa, fallecido a mediados de la década del 60, y luego se transformó en lugar de esparcimiento de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social.