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La Cámara de Diputados, en su afán de imponer de nuevo la inspección técnica vehicular como obligatoria para obtener la habilitación de rodados en los municipios, creó un sistema legal de difícil implementación como la inconstitucional 3850/09.
La Cámara de Senadores tenía otro proyecto, impulsado por Fernando Silva Facetti, Arnoldo Wiens, Zulma Gómez y Arnaldo Giuzzio, que obligaba a las municipalidades a contratar a las empresas que ahora operan el ITV, ya que excluyeron a los talleres mecánicos y a las importadoras de vehículos.
Pretendían que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acredite los requisitos técnicos de los centros de inspección. Solo así podrían ser habilitados por las comunas.
La participación de la Conacyt se mantiene en el proyecto aprobado el 5 de marzo, pero se incluyó también a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, creada por Ley 5016 de mayo de 2014 (aún no funciona por falta de presupuesto y reglamento).
Lo curioso es que, según documento entregado a nuestro diario con fecha 10 de noviembre de 2014, también se dio potestad a la Dirección Nacional de Transporte para homologar los centros de inspección vehicular, como estaba en la Ley 3850/09.
El proyecto dice que solo la Dinatran aprobará la ITV para ómnibus y camiones de cargas, tal como señala la citada ley que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La norma fue luego derogada por el Parlamento nacional en julio de 2014, pero no así para la Dirección de Transporte.
Los diputados se olvidaron de incluir al Viceministerio de Transporte que fiscaliza las líneas del área metropolitana, pero el diputado Dany Durand aclaró que la ITV ya está en la ley de esta institución.
El proyecto aprobado dice que la Conacyt debe aprobar o acreditar la tecnología e infraestructura de ITV a ser usada en todos los municipios, según normas de esta institución y de calidad internacional (ISO17020). Este trámite es costoso y engorroso, ya que las empresas deben ser sometidas a estrictas pruebas de calidad. La empresa Ivesur SA es la única que ha obtenido su certificado luego de cinco años de trámites, según se informó.
El documento también dice que la Agencia debe certificar los contratos celebrados por las comunas según normas del Mercosur, que aún no existen porque solo rigen para camiones de cargas y vehículos de transporte de pasajeros.
El diputado Durand informó en la sesión del 5 de marzo que llegaron a un consenso con los senadores, por lo que se incluyó también a la Agencia. Los diputados pretendían que solo esta entidad sea el organismo de acreditación de la ITV.