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Ayer, por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, organizaciones sociales manifestaron que celebran los avances logrados en el campo de la atención de la salud pública y reconocen los esfuerzos que se están haciendo para lograr la implementación progresiva de la gratuidad de los servicios públicos de salud en todo el país.
Sin embargo, los servicios no llegan a todos los habitantes del Paraguay por la insuficiencia en la atención médica y hospitalaria, la escasez de camas, medicamentos e infraestructura para estudios y diagnósticos.
El Centro de Documentación y Estudios (CDE) y el Movimiento por el Derecho a la Salud organizaron una jornada de conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, con una serie de actividades que se inició con una charla: “Salud Pública y los derechos sexuales y derechos reproductivos – Situación actual”, que se llevó a cabo en el local de Decidamos. Luego partieron frente al Congreso Nacional y presentaron una agenda de prioridades en derechos sexuales y reproductivos. El cierre fue una volanteada en la Terminal de Ómnibus de Asunción.
Una de las expresiones que reivindicaron fue: “lamentamos también que una cuarta parte de las muertes maternas se deba al aborto inseguro, al que se someten principalmente mujeres pobres, jóvenes y de bajos niveles educativos”.
“Nos preocupan el feminicidio, la violencia doméstica e intrafamiliar y la violencia de género que produce maltratos físicos, agresiones psicológicas y asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas”.
Las representantes de las organizaciones sociales exigen a los poderes del Estado: “La aceptación del veto presidencial a la ampliación presupuestaria solicitada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por representar una inversión en operadores políticos y planilleros que abona el clientelismo y el prebendarismo político, en perjuicio de las necesidades básicas de la población, entre ellas la atención a la salud de las mujeres”.
También “una ampliación del presupuesto para el sector de la salud, que permita aumentar la cobertura de los servicios médicos en todo el país, incluyendo servicios de atención para víctimas de violencia de género”.
También expresa parte del pronunciamiento emitido sobre “la aprobación del anteproyecto de ley de salud sexual, reproductiva y materno perinatal, que está en estudio en el Parlamento, desde 2008. Esta ley permitirá que los servicios que hoy se brindan se conviertan en políticas de Estado”.