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Costos rígidos muy altos significan los amparos judiciales que son remitidos al Hospital Central del IPS, donde se atienden cuadros complejos y de alta calidad. Esta situación se estaría dando gracias a una red de abogados, jueces e incluso altas autoridades de la previsional para dar atención a no asegurados, sacando espacio a los que verdaderamente pagan cada mes por su seguro social.
Al respecto el presidente del ente, Benigno López, confirmó que alrededor de 60.000 millones de guaraníes al año cuestan los amparos al IPS. “Cuando nosotros cumplimos con la orden judicial, estamos incumpliendo nuestra misión porque le estamos dando un seguro o una cobertura a alguien que no tiene. Además, ahora está el desacato como figura delictiva; es decir, hay temor de ir preso por no cumplir con esa orden”, subrayó López.
Indicó el titular del ente que otro de los problemas que debe resolver atañe a la provisión de medicamentos costosos de los cuales debe hacerse cargo el Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Para ello dijo que se debe implementar una política nacional de salud. “Con el 50% de nuestro presupuesto estamos proveyendo para unas 15.000 personas, es decir, solo IPS. Para ello debería funcionar el Fonares (Fondo Nacional de Recursos para Salud) y generar los recursos necesarios para cientos de pacientes graves que no poseen seguro en el país. Alguien debería reponer este costo que también afecta a sanatorios privados”, agregó López.
Sin embargo, las informaciones dan cuenta de que todos los amparos van dirigidos al IPS, no así a otros centros privados como el sanatorio La Costa o San Roque, esto en connivencia con una red de personas encargadas de hacer estos trámites.
A esta situación se suma que el Hospital Central se encuentra saturado en todos sus servicios y atiende a casi dos millones de personas, prácticamente con la misma infraestructura de hace más de 30 años.
La cuestión de los amparos es una eterna discusión entre jueces y el IPS. Los magistrados alegan el derecho a la vida garantizado en la Constitución Nacional. El IPS ya había denunciado por este hecho ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a algunos jueces. Sin embargo, el organismo no dio trámite a las presentaciones, por lo que todo queda en agua de borrajas.