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Al respecto, AGPE señala que su trabajo es simplemente el de “colaborar” con el Ministerio de Hacienda, realizando el control de los documentos respaldatorios de las municipalidades y gobernaciones.
Menciona además que es la Contraloría la que tiene atribuciones constitucionales para realizar las auditorías a las instituciones educativas.
No obstante, sabiendo que la Contraloría tampoco está en condiciones de realizar auditorías en cada una de las instituciones educativas, la aclaratoria de la AGPE no hace más que confirmar que el 98% de las escuelas y colegios asistidos con el Fonacide no cuentan con verificación técnica.