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Figueredo declaró que la Municipalidad había firmado un acuerdo con la fundación Itá Enramada, de la cual es titular, en el que se le autorizaba y también se aprobaba el método que utilizaban en la organización para la disposición de las baterías en desuso que juntaba.
“Es una basura tóxica que contamina y que hay que tenerla aislada del agua. No se puede vender acá para reutilizar y tampoco me generó dinero”, dijo el ambientalista. Añadió que para que sean reutilizables se deben separar los elementos, porque los metales pesados y los radiactivos son indestructibles.
Expuso que no siempre acopió pilas, sino que eso se inició como forma de enseñar a la gente la manera de disponer de ellas tras su uso. Pero ello terminó con 380 tambores llenos de pilas que pesaron 149 toneladas.
En ese tiempo, Figueredo habló con gente de la Secretaría del Ambiente (Seam) y nadie se opuso. Añadió que tampoco hizo su parte la comuna capitalina.
Sobre el fallo del tribunal refirió que esperará a ver si se puede rever. Señaló que el proceso judicial en su contra comenzó luego de haber denunciado a la firma EMPO, que explota el vertedero de Cateura, por tirar el lixiviado de forma directa al río Paraguay, información que fue obtenida por la fundación a través de testigos.