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La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por el ministro Arnaldo Giuzzio, reveló el viernes último en su informe que las 32 convocatorias para provisión de artículos médicos hechas por el Ministerio de Salud Pública para encarar la emergencia sanitaria, estuvieron plagadas de diversas irregularidades.
Según el resultado de la revisión, no hubo siquiera un solo proceso de adquisición iniciado por el ministerio dirigido por el doctor Julio Mazzoleni, respecto al coronavirus, que no tuviera al menos una anomalía.
De acuerdo a los datos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dichos llamados iban a representar erogaciones de al menos por G. 176.157 millones.
Los gastos podrían ser mayores si se tiene en cuenta que Salud Pública no colgó todavía en la web de la DNCP los datos de diez de los 32 procesos de adquisición cuestionados, debido a que, acogidos en la ley de Emergencia, realizaron todos los llamados por la vía de la excepción, lo que permitió a la cartera estatal publicar los procesos recién después de firmar los contratos.
Sin insumos esenciales para la pandemia
Las irregularidades cometidas por los funcionarios de Salud Pública dejaron al país sin insumos que eran considerados “esenciales” para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
Por ejemplo, en los operativos figuraba que debían ser adquiridos respiradores, tapabocas, medicamentos varios, camas hospitalarias y elementos de protección y bioseguridad para el personal de Salud.
Según el mismo ministro Mazzoleni, todos aquellos productos eran esenciales para llegar a la flexibilización de la cuarentena. El país quedó paralizado durante tres meses con la promesa de que ese período sería utilizado para equipar los hospitales a fin de poder responder favorablemente en caso de contagios masivos con covid-19. Sin embargo, las irregularidades cometidas en los procesos de adquisición privaron al Paraguay de los equipamientos pretendidos, mientras las pérdidas económicas como consecuencia de la paralización son incalculables.
Funcionarios responsables
El informe de la citada comisión dice además que podrían existir responsabilidades cuando menos administrativas de los funcionarios involucrados en los procesos de compra, lo cual deberá ser analizado en las investigaciones correspondientes.
Diputados ampliarán denuncia
Un grupo de diputados aportará más datos a la denuncia que habían realizado ante la Fiscalía hace algunos días contra adquisiciones que realizó o iba a hacer el Ministerio de Salud para afrontar el coronavirus. En una nota que dirigirán al agente fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Omar Legal, los legisladores (Kattya González, Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala y otros) le señalan que le presentan el informe de la Comisión de Compras Covid-19, en el que se detallan numerosas irregularidades –y sobreprecios– en los operativos, a fin de evaluarlo por una posible relevancia penal. Le piden diligencias ante la Seprelad y el BNF para saber el destino de los fondos ya desembolsados.