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En la región, solo Bolivia y Paraguay carecen de este tipo de cobertura, cuyo modelo propone una protección del trabajador durante seis meses, periodo en el cual el beneficiario debe mantener una búsqueda activa de empleo, que será la causal principal para que siga obteniendo el beneficio.
Si bien en el borrador se habla de que el beneficio está pensado para el trabajador asalariado privado, no se descarta su aplicación en el sector público.
Para el cálculo del beneficio se tendrá en cuenta el promedio de los salarios declarados por la empresa, en una escala que va desde el 50% a aproximadamente al 70% de sustitución.
El proyecto plantea que el ente regulador será el MTESS y el administrador del seguro será el Instituto de Previsión Social (IPS). El descuento del seguro de desempleo se pretende aplicar como el sistema de la previsional.
Así lo indicó el viceministro de Empleo, Daniel Sánchez, quien aclaró que el proyecto está en fase de análisis, sobre todo lo que tiene que ver con el financiamiento.
“Es un modelo contributivo de desempleo, a cargo del patrón y el empleador, que protege al trabajador en caso de despido injustificado o motivos ajenos a su voluntad y también protege al trabajador a causa de la suspensión de sus contratos o reducción de la jornada laboral. Es un instrumento de protección al ingreso de los trabajadores formales.
Añadió que hubo acuerdo tripartito sobre la importancia de avanzar con esta figura de protección, cuyo análisis se dio especialmente durante el diálogo de medidas de protección al empleo y al ingreso a causa del covid-19.