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El Ministerio de Salud Pública oficializó la apertura de un sumario contra siete funcionarios que formaron parte del proceso de licitación que terminó con la compra irregular de insumos de bioseguridad importados de China por las empresas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, ambas propiedad de Justo Ferreira.
Según la resolución AJ N° 379 firmada por el ministro Julio Mazzoleni, se instruyó sumario al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Pablo Lezcano; y a los funcionarios que conformaron el Comité de Evaluación Mirta Eloisa Morán Maldonado, Gustavo Andrés Cuevas Ayala, Pedro Ramón Adrián Santander, Diego Marcelo Sosa Jara, Augusto Manuel Portillo Delvalle y Larizza Andrea Ginés Cantero.
Sin embargo, no se hace la mínima mención siquiera al exdirector administrativo del Ministerio de Salud Pública, quien renunció poco después de que se desatara el escándalo de la compra de los insumos chinos alegando “cuestiones personales”.
Funcionarios del Comité de Evaluación indicaron que fueron presionados para firmar por instrucciones del exdirector de la UOC, Pablo Lezcano; quien a su vez señaló a Velázquez como responsable de la “celeridad” con la que se trató la licitación irregular.
Mazzoleni tampoco incluyó en el sumario a Gustavo Irala, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, quien recomendó al ministro firmar la resolución de adjudicación sin que existiera el informe del Comité de Evaluación, tal como lo establece la ley 2051 de “Contrataciones Públicas”.
Dice estar abierto a investigaciones, pero...
El lunes, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Salud, el ministro Mazzoleni había dicho que firmó la resolución porque los documentos remitidos por la Asesoría Jurídica aseguraban que todos los pasos habían sido cumplidos.
Manifestó además que tanto él como todos los funcionarios que formaron parte del proceso de licitación estaban a disposición de los procesos de investigación.
Sin embargo, decidió no incluir en la investigación interna a dos altos funcionarios directamente involucrados en el proceso de compra irregular.