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La violencia sexual, y en particular la violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes, sigue siendo una constante, reza el informe de la Codehupy. Si bien hay algunos esfuerzos aislados, como la campaña #TodosSomosResponsables del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que reconoce públicamente que las niñas, niños y adolescentes sufren violencia mayoritariamente en sus hogares, estas iniciativas son insuficientes frente a la magnitud de la realidad.
Sin embargo, estos casos son una muestra de que el Estado no tiene un compromiso en general en cuanto a políticas públicas y, en particular, en cuanto a temas vinculados a sexualidad.
El Poder Ejecutivo está representado por el Ministerio de Educación, que este año no solamente no avanzó en una política de educación integral de la sexualidad, sino que avanzó en la censura al tratamiento de estos temas, violando el derecho a las personas a buscar y recibir información, afirma el documento.
Este panorama poco alentador se completa con el comportamiento legislativo en el que ambas cámaras del Congreso se declararon “pro vida y familia”, se formó un frente parlamentario por la vida y la familia en la Cámara de Diputados y varios gobiernos municipales aprovecharon declaraciones de “ciudad pro vida” para alentar la violencia y la discriminación contra personas LGTBI (lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersexuales), según el informe. “Finalmente, estamos frente a un Poder Judicial incapaz de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dejando libres a abusadores. Los casos de violencia sexual en niños, niñas, y adolescentes siguen siendo una constante que mantienen índices similares a los de años anteriores sin que se visualicen medidas claras y contundentes por parte del Estado”, dicen.
En el año 2018, el Ministerio Público recepcionó en total 4.214 denuncias de violencia sexual (estupro, coacción sexual y violación, acoso sexual y abuso sexual en niños).
Del total denuncias recibidas en el 2018, el abuso sexual en niñas y niños fue el hecho punible de violencia sexual más denunciado, revela el Informe de DD.HH. 2019, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), en el capítulo Derechos Sexuales, cuya autora es autora la abogada de DD.HH, Mirta Moragas, de la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP).
La inversión va para las Iglesias
Codehupy denuncia que el Estado sigue utilizando el presupuesto público para mejorar las condiciones edilicias de las iglesias católica y evangélicas, dejando de lado las inversiones para atender necesidades y problemas sociales como la educación y el derecho a la información sobre la sexualidad.