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Taxistas de la parada n° 41 de Asunción denunciaron el miércoles que casi G. 800 millones se mueven en negro cada año solo en ese lugar. Este monto e incluso números más grandes estarían cobrando los “empresarios” de las distintas paradas de la Capital. Mientras tanto, concejales asuncenos han dilatado el estudio de la ordenanza 26/92, la que debía ser renovada, puesto que así como se encuentra, mantiene al monopolio taxista.
“Tal vez no avanza al ritmo que creí que iba a avanzar... Se va buscado el consenso”, indicó el edil Félix Ayala (PLRA), quien calculó que tal vez para marzo se tendría una ordenanza renovada. Informó que el miércoles pasado se ha solicitado un informe a la Intendencia sobre los permisos que se han transferido entre taxistas, que es donde estaría el negociado.
Asimismo, al ser cuestionado sobre la falta de avances, el concejal Federico Franco (Juntos Podemos) se defendió diciendo que el estudio de la ordenanza no depende exclusivamente de un edil. Sobre si hay o no voluntad política, respondió: “No hay la misma predisposición como en el caso de las plataformas electrónicas”, comentó, con referencia a la ordenanza para Uber. Agregó que hay varias diferencias de criterios entre los ediles.
Señaló que su propuesta es que se eliminen las paradas o que se pague un canon por uso de espacio público. “Son obsoletas e innecesarias y, además, ocupan lugares públicos”, aseveró.
Respecto a la denuncia hecha por taxistas de la parada 41, afirmó que la Junta puede pedir que se realice una investigación para ver cómo se fueron transfiriendo las paradas y expresó que cree que no habrá oposición.
Finalmente, el director Municipal de Tránsito, Luis M. Pereira, dijo que es muy importante que los taxistas presenten sus denuncias. Alegó que la Junta Municipal de Asunción se comprometió a estudiar y renovar la ordenanza 26/92 que regula a los taxistas. “Estamos esperando a ser llamados para una mesa de trabajo”, añadió.
Aseveró que ellos hacen controles aleatorios en las paradas y que trabajar en un vehículo no habilitado por la Comuna es una falta gravísima, por lo que el auto es llevado al corralón y su dueño es multado tras dictamen del Juzgado de Faltas Municipal.