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En dos dictámenes, dados a conocer ayer por los denunciantes, la Contraloría General de la República (CGR) pide a la Municipalidad de Asunción que suspenda la consultoría del sistema de Gestión Tributaria y Catastral. Recomienda que la medida sea tomada hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se expida al respecto, ya que hay una acción de inconstitucionalidad sin resolución aún.
El adjudicatario es el polémico Consorcio TX cuya representante legal es Carla Elena Sosa Martínez. Según la CGR, en la licitación se contempla la figura de una “consultoría”, pero la misma fue registrada en el portal de contrataciones como “Adquisición de un sistema integral de gestión tributaria”, lo que se confunde con las características de una concesión y tercerización. Luego alega que se tendrá un perjuicio patrimonial, ya que el 22,75% del incremento en las recaudaciones será entregado como comisión.
Asimismo, critica que no se establece de forma clara la relación contractual y cita los artículos 169° y 170º de la Constitución Nacional que dictan que los impuestos y su recaudación corresponden a los municipios y se prohíbe la apropiación de estos. También se encontraron inconsistencias en cinco de los nueve apéndices que posee.
Agrega que de resultar favorable la presentación de la inconstitucionalidad por parte de ciudadanos en la Corte Suprema de Justicia, la contratación resultaría inoperante. Finalmente, se cuestiona que la empresa no se hará cargo de daños a bienes municipales.
Fiscalía dice que es inconstitucional
La Fiscalía General del Estado ya había recomendado a la Corte que haga lugar a la inconstitucionalidad presentada por concejales de Asunción. Los accionantes alegaron que a las municipalidades por sí solas se les acuerda la facultad de la función recaudatoria, lo cual por ser de derecho público es indelegable.
En su dictamen la fiscala adjunta Gilda Villalba refirió que efectivamente se atenta contra el artículo 169 de la Constitución como alegaron los accionantes.