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Según datos oficiales, el 50% de los niños y adolescentes de Concepción, San Pedro, Caaguazú y Caazapá, están en situación de pobreza. De esos y otros departamentos del país eran los docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP SN), que el viernes cerraron escuelas y colegios públicos para protestar en el microcentro de Asunción.
Los maestros exigieron mejor infraestructura en las escuelas, además de la universalización de la alimentación escolar y una inversión del 7% del producto interno bruto (PIB) en educación. Sin embargo, las principales reivindicaciones tenían que ver con sus intereses propios, como un aumento salarial del 16% para todos, respeto al derecho a jubilarse, una ley sobre salud laboral, menos “papeleo” en el ministerio, capacitaciones gratuitas para ellos y el no pago del impuesto a la renta personal (IRP).
Si bien actualmente la inversión en educación no alcanza el 7% del PIB como recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Ministerio de Educación es el que más presupuesto recibe después del Ministerio de Hacienda. Con todo, un 85% de los fondos, más de G. 6,4 billones se destinan al pago de sueldos, mientras solamente el 7% se invierte en calidad educativa, según datos oficiales.
Incluso cuando los docentes de la OTEP SN salieron a las calles con la proclama: “Por la Educación Pública. Contra la Crisis Educativa”, sus principales reclamos se refirieron a más beneficios para ellos, lo que llevaría a un aumento de los gastos del ministerio en materia de sueldos y cuestiones administrativas.
Por estas exigencias, el viernes los docentes dejaron sin clases a los niños en situación de pobreza, que deberían estar aprendiendo con ellos lo necesario para aspirar a mejores condiciones de vida.
Por su parte, el ministro de Educación, Eduardo Petta, indicó que de 183 días en el calendario, el MEC no se está llegando ni a los 100 días de clases. “Somos respetuosos de las manifestaciones y consideramos que están en su derecho, pero de ahí a que hagan perder clases, sí es preocupante”, dijo.