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El defensor del Pueblo refiere en su escrito que “estos actos lesivos producen una afectación a los derechos de los trabajadores de Uber y MUV de manera personal, real y tangible al no poder desarrollar sus actividades laborales de trasporte de pasajeros por el bloqueo y hostigamiento que despliegan los taxistas.
Agrega que el hostigamiento “atenta contra los bienes y es un peligro inminente para la integridad física tanto de los trabajadores de las plataformas digitales como de sus pasajeros, repercutiendo desde la merma de los ingresos, hasta lo más grave aún, la falta de recaudación por no poder trabajar”.
Peticiona en el amparo que se ordene a la Policía Nacional resguardar a los trabajadores, en sus bienes y persona, y que se prohíba la aplicación de reglamentos restrictivos al trabajo.