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El representante del Ministerio Público, integrante de la comisión que redactó el referido proyecto de legislación, salió así al paso a cuestionamientos surgidos sobre el mencionado proyecto de ley, actualmente en estudio en el Congreso.
Al afirmar que hubo una interpretación equivocada a la normativa, el fiscal Martínez dijo que la misma tampoco es “retroactiva”, que no puede aplicarse sobre hechos juzgados.
“Esta ley lo que busca es que la persona (implicada en tráfico de drogas) no goce del beneficio económico que produce el delito”, afirmó.
La normativa de “extensión de dominio” permite a las autoridades tomar inmediatas medidas de bloqueos de cuentas bancarias de los narcotraficantes y no esperar el desarrollo de todo un proceso, señaló el fiscal.
Esta legislación también garantiza que las cosas y fondos bloqueados puedan ser recuperados por sus propietarios una vez que exista sentencia absolutoria, señaló al indicar que la Procuraduría General de la República es la que administra los recursos embargados.
Cuando se le preguntó si este tipo de legislación se aplica en otros países, el fiscal Martínez dijo que la ley de “extensión de dominio”, de igual tenor, se aplica en Italia, en el mundo anglosajón así como en Colombia, México, Guatemala y Nicaragua, entre otros, con muy buenos resultados.