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Escobar Faella recordó que la sentencia condenatoria de 12 años de cárcel que recayó sobre Paiva fue por inobservancia a reglas administrativas como no haber realizado la limpieza adecuada del ducto de la chimenea donde se produjo el incendio, así como la falta de inspección municipal.
El defensor también había explicado que los embargos trabados en los juicios civiles, penales y laborales sobre bienes que totalizaban G. 120.000 millones, impedían el resarcimiento a las víctimas.
Nuevamente manifestó que a pesar de haber ganado casi 110 juicios civiles, no iban a regular los honorarios a las víctimas de la tragedia del 1 de agosto de 2004.