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Según los viuda, el fiscal Alfredo Ramos Manzur, quien había intervenido para el levantamiento del cadáver del aduanero, se incautó entonces de objetos personales como teléfonos celulares, documentos del vehículo, y también retuvo el automóvil marca Mercedes Benz perteneciente a la víctima. Su marido no tenía antecedentes penales, resaltó.
“Ramos Manzur no respetó el criterio de objetividad, al remitir sin existencia de oficio fiscal, ni judicial, el dinero de la víctima a la capital del país, violando el derecho de la víctima y denigrando la memoria del muerto, cuyo solo pecado es ser funcionario aduanero. Tampoco se respetó los 9 días de luto para que los familiares presenten los documentos que justifiquen la propiedad del dinero”, refiere Salinas en el documento.
El abogado Marcelino González, junto con su colega Luz Saldívar Silvero, solicitaron ante el juez penal de garantías Raúl Insaurralde la entrega del dinero y los objetos personales del ahora fallecido a sus deudos, al argumentar que no pertenecen a la Aduana y eran propiedad privada de la víctima del accidente.
En ese contexto, los profesionales señalaron que el aduanero Alegre Cano había realizado la declaración jurada ante la Contraloría General de la República en diciembre del 2014 de que era accionista de una cadena de farmacias (empresa Farmadosis), con un capital de G. 2.060 millones, en la que ejercía la presidencia en el momento en que sufrió el accidente.
Además, los abogados revelaron con dos escrituras públicas que habían realizado dos préstamos millonarios para completar el dinero que necesitaban para la adquisición de un local para la sociedad anónima, negocio que estaba en proceso de concreción en el momento en que se produjo el mortal percance. Los letrados añadieron que la empresa posee un activo de más de G. 1.300 millones, con más de 300 millones de guaraníes en ganancia en el ejercicio de los últimos seis meses.
Para González y Saldívar, el fiscal Ramos Manzur se incautó en forma irregular del dinero.