Un solo fiscal revisa rendiciones de cuenta sobre uso del dinero público

Las rendiciones de cuenta de 62 instituciones, entre los que están gobernaciones, municipios, ministerios, Poder Judicial y Fiscalía, que manejan rubros millonarios, son analizadas por un solo fiscal, con diez contadores y diez auxiliares. Urge fortalecer la referida dependencia.

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El fiscal Jorge Salinas junto a 20 funciones son los que analizan los documentos que presentan los administradores de las instituciones públicas para justificar el uso del dinero público. En la mayoría de los casos, son sumas millonarias.

Solo el Poder Judicial tiene un presupuesto anual de unos US$ 250 millones. El uso de este dinero es juzgado por los miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, que son subordinados de la Corte Suprema.

Los integrantes del Tribunal se basan en el dictamen del fiscal de cuentas, que a su vez es subordinado del fiscal general de Estado, cuya rendición de cuentas revisa y dictamina para que sea o no aprobado.

El trabajo se la Fiscalía de Cuentas aumentó considerablemente debido a que la Corte hizo lugar a las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la instituciones contra la ley que le otorgó esa atribución a la Contraloría General.

Ahora, la revisión de la rendición de cuentas de nuevo se centra en la Fiscalía de Cuentas, donde tienen que estar seis fiscales, que fueron designados para dicha función, pero reasignados por la Fiscalía General.

Salinas admitió la necesidad de fortalecer la fiscalía de cuentas, sobre todo en lo que respecta a la cantidad de técnicos (contadores y auxiliares), para el análisis de los documentos que presentan los administrados para justificar el uso de dinero.

El fiscal, al ser consultado si con la poca cantidad de funcionarios se revisan todos los papeles, respondió que el estudio se hace por muestreo y, sobre todo, de los rubros “más sensibles”, como los viáticos, bonificaciones, etc.

La revisión, según dijo, abarca del 70 por ciento, del total del ejercicio fiscal. Consideró que el porcentaje es bastante elevado.

Cuando se le preguntó si la Fiscalía hace revisiones “in situ”, dijo que se constituye en las instituciones cuando existen algunas dudas. Agregó que también se hacen controles cruzados, mediante informes que se solicitan a Hacienda y Contrataciones Públicas.

La Fiscalía ahora está analizando en qué y cómo se gastó la plata del Estado durante los ejercicios fiscales de los años 2009, 2010 y 2011. Esto evidencia que el trabajo es lento, y eso se justifica, ya que hay poco funcionario que tiene que revisar una montaña de documentos acercados por los municipios, las gobernaciones, los ministerios, etc.

El número insuficiente de funcionarios y la precariedad con que se maneja la Fiscalía de Cuentas, no se compadece con la función que cumple, que es nada menos que revisar en qué y cómo se gastó el dinero público. El tema debería tratarse con más seriedad, atendiendo sobre todo que los administradores siempre son acusados de enriquecerse en el cargo.

En este punto, el fiscal Salinas aclaró que si existe una investigación en Delitos Económicos o intervención de la Contraloría, la Fiscalía de Cuentas no interviene 

Existe una opinión de que el Tribunal de Cuentas no debería depender de la Corte, que tendría que ser un órgano independiente, ya que difícilmente sus miembros puedan fallar que los ministros desviaron fondos.

La misma situación se da en el caso del fiscal general.

Mientras no haya voluntad política, todo seguirá igual, ya que a los políticos lo que menos les importa es fortalecer los controles sobre el manejo del dinero público. Otra muestra palpable es la Contraloría, que también debería ser fortalecida, atendiendo que es el órgano de control de las instituciones que manejan millonarios presupuestos.

Documentos fraguados

Se dieron casos en los que los administradores del dinero público usaron documentos fraguados para justificar el uso del dinero público. Este hecho quedó demostrado en juicio oral, en lo que guarda relación con la gestión del exgobernador de Presidente Hayes, Eugenio Escobar Cattebecke.

Es por eso que se puede sospechar que otros administradores también podrían hacer lo mismo, por lo que la revisión in situ permite comprobar, por ejemplo, si se hicieron o no las construcciones o se compraron o no los muebles, rubros en los cuales siempre existen fuertes indicios de negociado.

En Semanario Judicial de mañana se puede leer más detalles sobre el tema.

cbenitez@abc.com.py

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